Antes de su renuncia, Cameron pidió su sobreseimiento en una causa por corrupción

Pocos días antes de renunciar al cargo de secretario de Energía, Daniel Cameron se presentó ante la Justicia con la intención de que se cierre la causa que más llegó a complicarlo: aquella donde se lo acusó por falta de control en los subsidios estatales que recibió la concesionaria a cargo del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

En esa ocasión, el ex funcionario había sido procesado por el juez federal Sergio Torres, pero luego la decisión fue revocada en segunda instancia. Ahora la última palabra la tiene la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver si confirma el sobreseimiento o si lo da vuelta y dispone que se siga investigando al ex ministro de Energía.

Cameron integró entre el 8 de febrero de 1995 y el 25 de abril de 2002 la comisión fiscalizadora de la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, y se lo acusa de no haber controlado los subsidios estatales que recibió la concesionaria de Sergio Taselli, empresario quien también está acusado.

Días antes de renunciar a su cargo, la cual se conoció este martes, Cameron, por medio de sus abogados, pidió a Casación su sobreseimiento. "Las competencias de fiscalización del cumplimiento de los contratos de explotación del Yacimiento de Río Turbio fueron siempre una prerrogativa de la Autoridad de Aplicación" y la "Comisión de Fiscalización poseía el nombre pero no la competencia de fiscalizar el cumplimiento de los contratos", dijo en el escrito al que accedió Infobae.

"Resulta errónea la tesis del fiscal acerca de que la Comisión de Fiscalización era el órgano encargado de controlar el cumplimiento de los contratos del concesionario", agregó. La Autoridad de Aplicación tenía "medios y recursos humanos propios" y la Comisión, que integraba Cameron, estaba "inhibida de una de las funciones esenciales y propias de cualquier organismo de control: la atribución de aplicar per se sanciones".

Semanas atrás, el fiscal Raúl Pleé pidió a la Cámara que ordene que se siga investigando a Cameron. En paralelo, el juez Torres acaba de procesar al empresario Taselli por una estafa de más de $4.504.333,33 pesos.

Al imputado se lo acusa de haber incluido en la nómina de acreedores a la firma Centrales Térmicas del NEA por la supuesta compra de la máquina Turbotas BAR 21, marca General Electric. Pero lo cierto es que la máquina nunca apareció, con lo cual se sospecha que fue una compra ficticia.

En el expediente, un peritaje contable arrojó que no pudo comprobarse ni "técnica ni económicamente" la adquisición de la máquina. Pero además, la empresa, que luego cobró a manos del Estado la venta de esa máquina, resultó ser propiedad de Taselli.

Torres tuvo en cuenta que el fiscal de la causa, Federico Delgado, sostuvo que "Y.C.R.T. adquirió y reparó por casi $6.000.000 una locomotora que nunca operó para la empresa concesionaria, circunstancia que robustece la hipótesis delictiva".

Para Torres está comprobada que fue "una compra simulada" y también que "Taselli se presentó a verificar y cobrar el crédito originado en el expediente concursal". Así lo procesó por estafa en calidad de autor y le trabó un embargo de 6.000.000 de pesos.