El fiscal José María Campagnoli será sometido la semana próxima a un jury de enjuiciamiento que lo evaluará por supuesto mal desempeño de sus funciones y podría desplazarlo del cargo de manera definitiva.
El funcionario judicial fue enviado a juicio político por una comisión evaluadora que -a instancias de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó- lo acusó de modificar el objeto de la causa en la que el empresario Lázaro Báez pasó de denunciante a imputado, lo que -según la acusación- equivale a violar las reglas procesales.
La etapa decisiva del proceso comenzará a desarrollarse este lunes, cuando se llevará a cabo la primera de las audiencias del jury que podría ponerle un punto final a la carrera judicial del fiscal.
Los fiscales que ejercen la acusación en el jury también tienen historias que ameritan el repaso: a la vez que participa de los juicios contra militares, Adolfo Raul Villate es integrante del ultrakirchnerista Movimiento Evita. Incluso hay imágenes que reflejan su participación en ese tipo de actos.
Por su parte, Garcia Berro cumplió funciones de fiscal en Mar del Plata, pero debió dejarlo de lado tras ser acusado de encubrir a una banda de policías vinculados con negocios de narcotráfico y de prostitución.
En tanto, un tribunal de variada integración -entre los que destacan un fiscal integrante de la oficialista "Justicia Legítima", un ex montonero y un hombre de La Cámpora- tiene en sus manos el futuro de Campagnoli.
Designado por el Senado de la Nación, Rodolfo María Ojea Quintana es un reconocido ex integrante de la agrupación Montoneros, que está vinculado a numerosas acciones armadas que esa agrupación perpetró durante los años 70 y fue reconocido en ataques, desarmes a agentes del orden.
En representación de la Corte Suprema está Juan Octavio Gauna, hijo y neto de dirigentes radicales, que se desempeñó como procurador general durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Fue reorganizador de la Juventud Radical en 1957, secretario del Ministerio del Interior con Illia y miembro de la Convención de la Capital en 1972.
El Tribunal de Enjuiciamiento está presidido por el fiscal general Daniel Adler, que responde directamente a la procuradora Alejandra Gils Carbó e integra la oficialista "Justicia Legítima", alineada con el Ejecutivo. En el pasado fue involucrado en el armado de una causa contra el juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
El tribunal también cuenta con la figura de María Cristina Martínez Córdoba, defensora pública de menores, quien, si bien votó por suspender a Campagnoli y enviarlo a juicio político, es una de las personas que podría ser decisiva ante la posibilidad de que exista un eventual empate en votos.
El representante del Poder Ejecutivo es Ernesto Kreplak, que cupa el cargo de subsecretario de Coordinación y Control Registral y es vinculado a la agrupación oficialista La Cámpora. En la audiencia previa al jury fue impugando por la defensa de Campagnoli, que puso en duda su ecuanimidad porque -a la vez que se desarrollaba el proceso- competía para convertirse en fiscal federal y estaba sometido a la resolución que tomara la procuradora Gils Carbó. Sin embargo, el recurso fue desestimado porque el cuestionado desistió de su aspiración.
El tribunal se completa con Adriana Olga Donato, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y Javier Panero, por la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
La suspensión que se le aplicó a Campagnoli a fines del año pasado, en ocasión de la apertura del juicio político, fue un adelanto de lo que puede suceder en el jury, porque dejó en claro la postura de cada uno de los integrantes del tribunal. En ese momento hubo cuatro votos a favor de la medida: Daniel Adler, Ernesto Kreplak, Rodolfo María Ojea Quintana y María Cristina Martínez Córdoba. En tanto, hubo tres sufragios en contra de inhabilitar al fiscal: Juan Octavio Gauna, Adriana Olga Donato y Rodrigo Sebastián Bacigalupi, cuyo lugar será ocupado por Francisco Javier Panero.
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