Un allanamiento sospechoso fue aquel 19 de diciembre pasado en donde policías federales pidieron al dueño de la financiera Propyme un soborno de 300 mil dólares a cambio de frenar el operativo que había firmado el juez federal Norberto Oyarbide.
Infobae accedió a parte de las imágenes que ese día captaron las cámaras de seguridad de la financiera. En ellas se puede ver a la comitiva policial de la Difoc (División Investigaciones Federal de Organizaciones Criminales) al ingresar a la sala de recepción del lugar y en la que aguardaban clientes para ser atendidos.
Tal como declararon testigos en la causa, el allanamiento fue violento, ya que los policías amenazaron utilizar un ariete para abrir la puerta de ingreso, ante la demora de los empleados en hacerlo. Algunos de ellos incluso amenazaron con desenfundar sus armas.
El oficial Ángel Castro es quien aparece de pelo atado y encabeza la comitiva. Según el dueño de la financiera, Guillermo Greppi, aquel fue el encargado de pedirle un soborno de 300 mil dólares a cambio de frenar el operativo, a lo que él se negó.
Castro -según el testimonio de Greppi- cumplía órdenes del subcomisario Fabio Ascona, quien ya avanzado el operativo y ante la negativa del empresario en pagar el soborno, se hizo presente en la financiera ubicada en Maipú 311.
Este video es uno de los diez que analiza el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez, quien intenta determinar si existió realmente como dicen los testigos el pedido de soborno, y si el mismo surgió de parte de los policías por cuenta propia o bien si los efectivos cumplieron órdenes de Oyarbide.
Es que los policías y en especial el oficial Castro aseguró que él sólo cumplía órdenes del juzgado de Oyarbide, quien ese día ordenó ese y otros veinte allanamientos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Por su parte, el juez Oyarbide quedó en el ojo de la tormenta no sólo a raíz del escándalo sobre el presunto pago de sobornos, sino porque él mismo reconoció que dio la orden de suspenderlo al recibir un llamado de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica.
Por ese llamado que el juez reconoció en un oficio en el que dio explicaciones a sus superiores, Oyarbide ya afronta una denuncia penal y múltiples acusaciones en el Consejo de la Magistratura.
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