Los jueces del Tribunal de Grosseto (centro de Italia), donde se está celebrando el proceso a Schettino, le concedieron la autorización después de que los abogados del comandante presentaran la solicitud para subir al crucero. Alegaron que es "un derecho del imputado poder visitar el lugar del delito".
El pasado 23 de junio, un grupo de peritos subió a bordo para recoger material y el disco duro y el ordenador de la cabina de mando del barco, y estaba prevista otra inspección para este jueves.
Los jueces establecieron que el comandante podría asistir solo a la nueva prueba pericial, pero no le permitieron hablar con los peritos.
Schettino afronta desde julio de 2013 un proceso en el que se le acusa de homicidio culposo múltiple, abandono de la nave, naufragio y de no haber informado inmediatamente a las autoridades portuarias de la colisión contra el escollo que provocó el naufragio del gigantesco barco en la noche del 13 de enero de 2012.
En las aguas del Giglio yace aún el enorme crucero, enderezado el pasado septiembre en una operación de ingeniería sin precedentes, y que ahora espera ser remolcado, previsiblemente en junio, y trasladado a un puerto para su desguace.
Es la primera vez que Schettino vuelve al crucero del que, según varios testigos, saltó sobre una lancha para ponerse a salvo aquella noche cuando aún miles de los 4.229 pasajeros y miembros de la tripulación intentaban abandonar el barco.
Schettino arriba a un hotel; luego fue trasladado al puerto y subió al Costa Concordia desde una barcaza
A raíz de la petición de Schettino, Italia ha vuelto a recordar la famosa conversación telefónica en la que el capitán de la Guardia Costera italiana Gregorio de Falco exigía a Schettino que volviese a bordo para gestionar la evacuación de pasajeros que aún no había terminado.
Schettino nunca volvió a bordo y pasó la noche en un hotel de la isla.
Mientras se sigue está llevando a cabo el juicio, el pasado 20 de julio, el juez de la audiencia preliminar Pietro Molino confirmó las penas de 23 meses y 18 meses a los oficiales Ciro Ambrosio y Silvia Coronica, respectivamente; de 20 meses al timonel Jacob Rusli; de 30 al jefe de a bordo, Manrico Giampedroni, y de 34 meses a Roberto Ferrarini, jefe de la unidad de crisis en tierra de Costa Cruceros, la naviera propietaria.
En las fases previas al proceso, Costa Cruceros llegó a un acuerdo por el que deberá pagar un millón de euros como sanción administrativa.
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