El secretario de Comercio, Augusto Costa, definió qué es un precio justo, ratificó el compromiso del gobierno nacional de defender los intereses de los consumidores y cuestionó a los empresarios que remarcan los precios.
En su explicación, el funcionario citó a Santo Tomás de Aquino. Dijo que el teólogo "ya hablaba del precio justo de las transacciones, censuraba mucho la usura o a aquel que a través de tener la propiedad de un bien pretendía apropiarse de más de lo que le corresponde: desde cuestiones teológicas hasta morales".
"Nosotros, desde el punto de vista no filosófico sino económico, entendemos que un precio tiene que garantizar que, dada la situación de costos para producir el bien o el servicio, se pueda tener una rentabilidad razonable para poder seguir produciendo e invirtiendo", explicó. "Cuando el precio es superior a los costos más una rentabilidad razonable, ese excedente lo paga el siguiente eslabón en la cadena, o el consumidor en última instancia", agregó.
En declaraciones a la revista digital Hamartia, Costa apuntó: "Lo que determina una rentabilidad razonable es que vos no ganás ni más ni menos de lo que podrías ganar en otra actividad similar o de lo que gana otra empresa del sector que hace algo parecido a lo que hacés".
Denunció que "los formadores de precios se apropian así de lo que debería corresponderle al consumidor o a eslabones más débiles de la cadena como los pequeños productores" y ahí "aparecen rentabilidades no razonables o precios no justos".
"La política del Gobierno tiene que ver con evitar que por las condiciones estructurales del mercado y por el fuerte impulso de crecimiento con inclusión social, una rentabilidad excesiva termine en poder de los que no corresponde. Por eso estamos con nuestra política de administración de precios, para evitar esos abusos", afirmó.
Con respecto al programa Precios Cuidados, consideró que desde que, se estableció el acuerdo, "algunos productos se están acercando" al plan. Aunque acusó que en numerosas ocasiones "hay una acción coordinada entre las empresas y supermercados" para obtener mayor rentabilidad, a través del faltante de productos en las góndolas. "Muchas veces son socios, se ponen de acuerdo para no vender un producto pero sí el resto de los que produce la empresa y que son más caros: más margen para el supermercado, más margen para la empresa", detalló.
Además Costa sostuvo que "hay un Estado muy preocupado por mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos, sobre todo los más postergados", y remarcó que "hay formadores de precios que pretenden aprovecharse de esa situación cobrando más caros" los bienes de consumo.
El funcionario explicó también que "la política macroeconómica del Gobierno apunta a un modelo de crecimiento con inclusión social, lo que implica no sólo garantizar que la economía crezca, sino también que distribuya".
Del mismo modo indicó que "hay una política de ingresos que permite distribuir a través, por ejemplo, de la inclusión jubilatoria, de los programas de transferencia de ingresos como la Asignación Universal por Hijo o PROGRESAR".