El gobierno de México nombró este miércoles a un comisionado federal que coordinará las tareas para lograr la seguridad de la región de Michoacán, donde en las últimas semanas se ha intensificado la violencia por disputas entre autodefensas y narcotraficantes.
El nuevo comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral será Alfredo Castillo, quien hasta ahora era el titular del organismo federal de defensa del consumidor y antes ejerció de fiscal del estado de México, informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una rueda de prensa.
Castillo "será el encargado de coordinar el esfuerzo institucional de todas las dependencias para restablecer las condiciones de seguridad y desarrollo a Michoacán", dijo Osorio Chong.
Michoacán es una región rural con costas sobre el océano Pacífico con un importante volumen de exportación de productos agrícolas, sobre todo el limón y el aguacate, pero con más de la mitad de su población en la pobreza. Sus montañas también son utilizadas por narcotraficantes para esconder cultivos de marihuana y amapola y laboratorios de drogas sintéticas.
Para frenar a los cárteles que se disputan la región, el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó en su natal Michoacán el primero de los operativos militares antidrogas que luego se expandieron a buena parte del país y el pasado mayo Enrique Peña Nieto (2012-2018) envió otro refuerzo de seguridad.
Pero estas operaciones no lograron pacificar a Michoacán y desde inicios del año pasado surgió un movimiento de milicias armadas llamado autodefensas, integradas por vecinos que dicen defenderse de los ataques y extorsiones del cártel local Los Caballeros Templarios.
La intensificación de los enfrentamientos entre autodefensas y narcotraficantes motivó que el Gobierno Federal tomara este lunes el control de la subregión de Tierra Caliente, la más afectada por la violencia, y llamara al desarme a las autodefensas.
Osorio Chong recalcó que la tarea de Castillo es atacar también las raíces del "deterioro social y debilitamiento institucional" para poder resolver el conflicto y devolver la confianza de la población en sus gobiernos y policías, acusadas de estar profundamente infiltradas por el crimen organizado.
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