El Poder Ejecutivo Nacional oficializó hoy la designación de diez conjueces que, eventualmente, ocuparán vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, luego del aval que los candidatos propuestos por el oficialismo recibieron en el Senado el 18 de diciembre pasado.
La lista está integrada por los abogados Nicolás Fernando D`Albora, Carlos Alberto Cruz, Marcelo Roberto Buigo, Norberto Federico Frontini, Claudio Marcelo Vázquez, Eduardo Barcesat, Roberto José Boico, Gustavo Ferreira, Alan Iud y Martín Magram.
El decreto que formaliza la designación de los diez conjueces del máximo tribunal penal del país es el 2270/2013 y fue publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Justicia, Julio Alak.
Magram fue abogado de Boudou en una causa que tramitó en Mar del Plata; Barcesat y Boico integran un mismo estudio y asisten a Madres de Plaza de Mayo y a su titular, Hebe de Bonafini; Iud es abogado de Abuelas; Buigo fue apoderado del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Cruz defendió a la ex ministra de Economía Felisa Miceli en la causa en la que terminó condenada por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su despacho oficial.
Tras el envío de los pliegos al Congreso, no se hicieron esperar las voces críticas y el rechazo a la lista. "Desgraciadamente el Gobierno persiste en lo que ha sido su actitud de colocar jueces amigos justamente para que no los juzguen e investiguen ni tampoco se les aplique la ley. El kirchnerismo no puede convivir con jueces imparciales ", aseguró en ese momento Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura.
Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, opinó: "La jugada que hace ahora el kirchnerismo es para directamente copar la Justicia. Lo que no pudieron hacer con la reforma judicial lo quieren lograr de esta manera. La verdad, he perdido la capacidad de asombro con lo que tiene que ver el Gobierno con la Justicia". El constitucionalista Daniel Sabsay consideró de una "gravedad extrema" la nueva jugada del Gobierno para colonizar el Poder Judicial.
Los conjueces intervienen sólo en caso de recusación de alguno de los miembros originales del tribunal y son elegidos por sorteo para cada causa en particular.
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