La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmó que las medidas anunciadas por el presidente, Nicolás Maduro, para reorganizar la entrega de divisas y supervisar los precios y distribución de los bienes, podrían agravar la "severa crisis económica" del país.
"Todo indica que la crisis podría agravarse debido a que tales medidas no atacan los factores que han generado los desajustes de la economía. Venezuela sufre una severa e inocultable crisis económica", dijo la MUD en comunicado.
Maduro anunció ayer la creación de un nuevo organismo de administración de divisas, la activación de un operativo cívico-militar contra el acaparamiento y medidas para garantizar el suministro de bienes en el marco de la "transición al socialismo".
Asimismo, indicó que para los dos últimos meses del año se establecerá un "operativo especial de protección y garantía de venta a precio justo" de varios productos "considerados prioritarios para este período" como los que pertenecen a las áreas textil, calzado, electrodomésticos y juguetes, entre otros.
Para la MUD entre las medidas "no hay un solo anuncio encaminado a enfrentar el severo desequilibrio macroeconómico que sufre la economía venezolana" que, dice, es causante "de la elevada inflación, la escasez y la pérdida de reservas internacionales" así como tampoco para levantar la producción nacional.
La alianza opositora señaló que el Gobierno "intenta atacar la distribución de bienes sin percatarse (...) de que en realidad lo que está sucediendo es una caída en el nivel de la actividad económica, principalmente en la producción de alimentos debido a la falta de incentivos para producir la carencia de divisas".
Aseguró que con la realización de operativos cívicos-militares "no se disminuye la inflación", pues este es un fenómeno de naturaleza económica "y su solución requiere acciones coherentes" en esa materia, principalmente en el orden fiscal, monetario y productivo.
Recordó que en Venezuela existe una Ley de Costos y Precios justos en vigencia desde fines de 2011 mediante la cual se regulan todos los precios de bienes y servicios, norma que no ha evitado que el país registre una alta inflación que ronda el 40 % entre enero y septiembre.
Criticó, además, la creación de un nuevo organismo que se encarga de supervisar la entrega de divisas que fue bautizado como Centro Nacional de Comercio Exterior cuando en febrero pasado se fundó el Órgano Superior de Optimización del Sistema Cambiario en el marco del anuncio de la devaluación de casi 32% con el mismo fin.
Recomendó incluir en el plan económico del Gobierno el "respeto a los derechos de propiedad", una reforma fiscal y monetaria que le de solvencia a la gestión fiscal y evite que el Banco Central de Venezuela "financie" el déficit fiscal "mediante la impresión de dinero.
También propuso que en el país, en el que rige un control de cambio desde 2003, una política cambiaria que vaya hacia la unificación de los tipos de cambio a mediano plazo y "tener como objetivo la consecución de un tipo de cambio competitivo para así apoyar la diversificación de la economía".
En el país hay dos organismos encargados de tramitar la entrega total de los dólares que son puestos en manos del sector privado, en momento en que la diferencia entre el precio de la divisa verde al precio oficial que ofrece el Estado es de 6,3 bolívares, un valor que puede ser ocho veces superior en el mercado negro.