La Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), a través del área de Fraudes Económicos y Bancarios, denunció penalmente a los accionistas del Grupo ST, quienes poseen el control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST), por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.
De acuerdo a los antecedentes en los Reportes de Operaciones Sospechosas comunicados por el Banco Central a la Unidad de Información Financiera entre 2009 y 2010, el caudal de información generado por ésta y la prueba producida por el área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, la maniobra se originó a partir de la inyección de más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Américas.
Estos dos grupos económicos habrían utilizado los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados.
Apenas dos años después de que se perfeccionase la operación de compra del paquete accionario del Banco ST, y luego de haber logrado introducir en el mercado financiero más de 100 millones de pesos de origen desconocido, Dolphin Créditos S.A. se retiró del negocio vendiendo su participación accionaria a sus anteriores dueños. Esta operación aún no ha sido autorizada por el BCRA.
Fuentes del grupo le aseguraron a Infobae que "la operación data del año 2007, y fue aprobada por el BCRA en 2009, luego de un extenso trámite en el cual fue aportada toda la documentación que prueba el origen y la licitud de los fondos involucrados. Dicha documentación también fue presentada oportunamente a otros organismos estatales".
Según consta en la carátula de la denuncia, que cayó en juzgado de Ariel Lijo, entre los implicados en la denuncia son: Joseph Lewis (el financista inglés ex dueño del Tottenham), Marcos y Damián Mindlin (del Grupo Pampa Energía y Dolphin), Pablo Peralta (presidente de BST), Roberto Domínguez (vicepresidente de BST), entre otros.
La Procelac manifestó en la denuncia la sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación.
La intervención de Procelac se originó a raíz del estudio preliminar del expediente remitido por la UIF en función del artículo 19 de la ley 25.246, en base a los reportes del BCRA.
BST actualmente funciona como un banco mayorista, prestando servicios a empresas, pero que expandió al comprar Credligros (una financiera) que otorga préstamos a los individuos. De esta manera ingresó al negocio de consumo que tantos réditos le dio al sistema financiero en los últimos años.
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