La querella en la investigación por supuestas tareas de espionaje llevadas a cabo por Gendarmería y que se conoció como "Proyecto X" pidieron la indagatoria de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y del ex ministro de Justicia y actual senador nacional kirchnerista, Aníbal Fernández, a quienes acusaron de ser responsables de "un verdadero plan nacional de inteligencia ilegal de larga duración".
Un grupo de organizaciones que son querellantes presentaron un escrito ante el juez federal Sebastián Casanello, a quien le reclamaron que cite a indagatoria a Garré y Fernández: "Resulta notoria y manifiesta la responsabilidad que corresponde atribuir a quienes ejercían funciones ministeriales y que tenían el control, responsabilidad y obligación de supervisión sobre dicha fuerza", según el escrito al que accedió Infobae.
"Se persigue, se investiga, se infiltra y se hace inteligencia, en especial sobre organizaciones y referentes sociales, partidos políticos, dirigentes gremiales y sindicales, organismos de derechos humanos y religiosos con tareas de índole social", acusa la presentación realizada por varias organizaciones tales como el Partido Obrero, Liberpueblo, la Corriente Clasista y Combativa y el MST, entre otras.
La denuncia dio cuenta de ciertas tareas de inteligencia sobre dirigentes de distinta índole y en donde se daban cuenta de datos personales de los espiados pero también de sus aspiraciones políticas.
"Las pruebas producidas dan cuenta de un verdadero plan nacional de inteligencia ilegal de larga duración, el cual se viene desarrollando desde hace muchos años a lo largo y ancho de todo el país", según los acusadores.
Las maniobras de espionaje son luego utilizadas "para la represión de las fuerzas de seguridad y para la criminalización de la protesta".
"En atención a la profundidad, duración y extensión de las actividades presuntamente ilícitas que han venido desarrollando miembros de Gendarmería Nacional, es que resulta notoria y manifiesta la responsabilidad que corresponde atribuir a quienes ejercían funciones ministeriales y que tenía el control, responsabilidad, y obligación de supervisión sobre el accionar de dicha fuerza", explicaron los querellantes.
La indagatoria de Garré –tal cual explicaron en la presentación- la hicieron en función que los informes de inteligencia.
En cuanto a Aníbal Fernández, se apunta porque como ministro del Interior "tuvo a su cargo la función de control y supervisión de las fuerzas de seguridad, entre ellas, la de Gendarmería Nacional".
Por último, reclamaron al juez Casanello que lleve a cabo el allanamiento en el área que Gendarmería tiene en Campo de Mayo "a los fines de incautar el material fílmico utilizado para cumplir las mandas judiciales desde el año 2009 al 2011".
En la investigación se acreditó que la Gendarmería realizó ciertas tareas de espionaje sobre dirigentes políticos, sociales y sindicales, y luego mucha de esa información (en la que incluso se hacía referencia a la ideología política) era utilizada en causas judiciales en contra de los mismos.
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