La primera hipótesis que puede trazarse sobre los motivos que llevaron al Gobierno a intentar el per saltum ante la Corte era el objetivo de forzar -presión mediante- a que al menos declarase admisible el recurso, lo que hubiera significado la suspensión de la prórroga de la medida cautelar otorgada por la Cámara, algo que le habría permitido al Poder Ejecutivo avanzar con el desguace de los medios no oficialistas, aun sin sentencia judicial de fondo sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Medios. Es que el Gobierno necesitaba desesperadamente darle sentido a la fecha mítica del 7D que se autoimpuso.
Pero resulta inexplicable que un Gobierno asesorado jurídicamente haya echado mano a un recurso judicial que se advertía como manifiestamente improcedente ya que la misma ley de per saltum establece expresamente que se trata de una herramienta contra resoluciones de primera instancia, no de Cámara como en el caso, pues de lo contrario no habría instancia que "saltear".
La segunda presunción es mucho más grave para el futuro de la democracia, y es la que indica que el Gobierno, sabiendo que la Corte lógicamente rechazaría el recurso, ha hecho lo único que sabe cuando está acorralado, que es forzar la confrontación, ahora con la cabeza del Poder Judicial. Es la lógica del conflicto perpetuo, la del "salmón" o "la cigarra", del brutal "vamos por todo" y "ni un paso atrás" que tiene en vilo a una sociedad que pide tranquilidad.
Esta lógica responde a la idea de que las decisiones de la Presidenta, como única interprete de la voluntad de la mayoría, y las leyes votadas en el Congreso a consecuencia de su impulso, no deben someterse a ningún límite de aquellos que fija la Constitución, entre ellos la posibilidad de que los jueces cumplan con el control de constitucionalidad de las leyes, rol indelegable de un órgano contramayoritario por excelencia como es la Justicia.
Ni las instituciones ni la Justicia deben estar sometidas al voto polpular, que ciertamente es legitimante de origen del poder, pero que es sólo el punto de partida para que desde allí sean los principios republicanos aquellos con que se gobierne, respetando la publicidad de actos de gobierno, la alternancia en el poder y la división de poderes, con una Justicia no sujeta a mayorías circunstanciales.
Sin embargo, el Gobierno, en este proceso de permanente embate contra el orden institucional vigente, que para Laclau -ideólogo del kirchnerismo- debe ser "drásticamente transformado" para asegurar "la hegemonía de los sectores populares", ha incendiado, como lo ha hecho con el reconocimiento en materia de derechos humanos al negociar con Irán, otro de los logros democráticos del modelo, que es la institución de una Corte Suprema democrática, que el mismo Gobierno identificaba como independiente y proba, pero que luego dejó automáticamente de serlo el día que se atrevió a fallar en contra de sus intereses.