Los abogados que representan a la República Argentina estarán a estas horas analizando cada palabra del fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, donde determina que la Argentina deberá depositar u$s 1.330 millones para cubrir la demanda entablada por el Fondo NML antes del 15 de diciembre de este año.
También estarán reviendo todas las presentaciones que oportunamente hicieron en representación de nuestro país para determinar si hubo puntos flojos o poco sólidos en ellas. Con todos estos elementos deberán encontrar los argumentos más contundentes para poder resistir el fallo del juez Griesa, dentro del estrecho margen que ahora tienen sabiendo los puntos en los que basó su sentencia.
Esta resolución representa para nuestro Gobierno un fuerte golpe político a la postura de tanta exposición que decidieron nuestras autoridades, cuando calificaban a quienes no aceptaron ninguno de los dos canjes que propuso la Argentina para salir del default y cuando adelantaban su posición de no pagar, independientemente de lo que resolviera el juez a cargo del caso.
Quizás sorprende que un magistrado incluya en su dictamen declaraciones que no cumplen con las formas legales, pero lo concreto es que esto ocurrió. Para nuestro país, este incómodo presente representa un probable debilitamiento de nuestra economía.
Sabiendo ahora como piensa el juez e imaginando que sus superiores pueden llegar a cerrar filas con él, debemos tener mucho cuidado y medir nuestras palabras. Si la salida definitiva del default fuera el pago de estos u$s 1.330 millones, esta cifra no tendría significación ni alteraría nuestra economía.
Pero esto no es así. Si no logramos revertir este fallo, esto puede ser un punto de partida para nuevas y mayores demandas. Según los datos aportados por el Gobierno en el prospecto del 29 de septiembre de 2004, los Títulos Elegibles en circulación y sobre los cuales se emitió la oferta de canje ascendían a u$s 81.800 millones.
Las autoridades han expresado que un 93% de los acreedores poseedores de Títulos Elegibles aceptaron los canjes I y II. Consecuentemente quedarían en manos de tenedores rebeldes –usando la denominación que se daba en la oferta del canje- un 7 por ciento, es decir poco más de u$s 5.700 millones al 2004, más los respectivos intereses de estos años. Por lo tanto, queda aún una cifra significativa sujeta a juicio.
Momento de hacer silencio
Utilizando una frase que escuchábamos de nuestras abuelas, "del árbol caído todos buscan hacer leña". Muchos abogados que obtuvieron fallos favorables del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para las empresas que representaban, aconsejarán recurrir a otros tribunales para lograr canalizar los resultados propicios de esos arbitrajes. Recordemos que la Argentina es el país que mayores demandas ha recibido, ya que éstas representan el 30% del total de las mismas. Según informó oportunamente el Banco Mundial, las demandas contra nuestro país superaban los u$s 10.000 millones.
También Repsol se sentiría con mucha más fuerza para litigar si, en los pasos legales siguientes de la demanda del Fondo NML, nuestros abogados no consiguen revertir el fallo.
Tampoco olvidemos que algunos tenedores extranjeros de Bonos Ajustables por CER se pueden sentir tentados de litigar contra nuestro país, ya que muchos consideran que esos ajustes no se acercan a la realidad.
En el prospecto del primer canje se expresaba el compromiso de que nadie recibiría una compensación mayor a la original y que, si esto ocurriera, automáticamente ese importe sería extensivo a quienes aceptaron el canje. Aunque también ahí se decía textualmente que "no es posible asegurar que un acreedor no podrá interferir con los pagos efectuados en relación con la oferta (incluidos los pagos adeudados por la Argentina tras liquidar la oferta) o posterior en virtud de los títulos nuevos mediante un embargo de activos, una prohibición judicial, una medida cautelar o de otro modo". Este párrafo nos puede llegar a aliviar el compromiso de mayor compensación.
También se ha hablado de la Ley Cerrojo (que no permite la apertura a nuevo canje), sabiendo claramente que en estos casos es inaplicable.
Debemos dejar que nuestros representantes legales y los respectivos asesores tengan la tranquilidad y serenidad intelectual en esta carrera contra el reloj para poder emitir una presentación que logre dar vuelta este juicio. No conviene buscar aliados ni provocar conflictos innecesarios en esta etapa.
Las autoridades deberían hacer suyas las palabras que tanto se repiten mediáticamente: "Mis abogados no me permiten hablar".
Un párrafo para todos los sectores políticos. Estamos frente a riesgos muy grandes, ya que cualquier empeoramiento legal podría llevarnos a esos días tremendos de hace 10 años, cuando se declaró la "suspensión de pagos" con el significado que esto tuvo para nuestra economía y las consecuencias sociales que trajo aparejadas. Los políticos de todos los signos deberían encolumnarse en la línea y silencios del Gobierno para no agravar la situación. No dudemos de que hay muchos que están agazapados esperando cualquier paso en falso. Es necesario solidificar nuestra unión.
El fallo del juez Griesa les da una importancia, si bien relativa, a las expresiones públicas.
Es una novedad, pero es lo que ocurrió.
Es momento de hacer silencio. Las autoridades y todos los políticos deberán dejar de lado las pequeñeces de competencia y evitar cualquier tipo de declaración. Si están necesitados de hablar, que lo hagan en el diván del psicólogo. Dejemos que nuestros abogados con sus asesores hablen por sus escritos. Que abogados y psicólogos, cada uno desde su ámbito, ayuden a salir de esta incómoda situación.
Guillermo Carracedo es contador público. Fue CEO del grupo Bunge y Born. Fue director de empresas líderes, entidades gremiales empresariales y fundaciones. Integró el Consejo de Planificación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es consejero empresarial y preside CADEC S.A./Guillermo Carracedo y Asociados.