De acuerdo con lo que estipula el texto de la convención, los Estados podrán denunciarla "mediante un preaviso de un año" que deben formalizar ante el secretario general de la OEA. Asimismo, contempla que la denuncia "no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, , haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto".
Insulza lamentó la decisión que tomó el Gobierno del presidente Hugo Chávez, y dijo en el comunicado que la referida convención es "uno de los pilares de la normativa legal que ampara la defensa de los derechos humanos en el continente". Además manifestó su esperanza de que en el año que debe transcurrir para que dicha acción se haga efectiva, Venezuela "pueda reconsiderar su decisión".
El caso
Chávez anunció en julio que Venezuela se retiraría de la CorteIDH en protesta por una reciente sentencia de esa instancia a favor de Raúl José Díaz Peña, quien luego de ser detenido en el 2003 por los ataques contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas, huyó en el 2010 a los Estados Unidos, donde su caso había sido denunciado años antes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobernante consideró a Díaz Peña como "terrorista", y acusó a la CorteIDH de estar "apoyando el terrorismo" y de "atropellar el derecho internacional". "Hechos como estos deslegitiman a esa inefable Corte", expresó Chávez durante un acto con militares.
Díaz Peña siempre negó las acusaciones y denunció que en su caso no se había seguido el debido proceso. El sospechoso fue condenado en el 2008 a nueve años y 4 meses de cárcel por los delitos de "incendio en inmueble agravado en grado de facilitador", "ocultamiento de sustancias explosivas", y asociación en grupo para cometer un delito.
Dos años después, tras obtener un beneficio que le permitía salir de su centro de reclusión para un trabajo, huyó del país y pidió asilo en los Estados Unidos.
Hace dos años, el mandatario planteó por primera vez la salida de Venezuela de la CIDH luego que ese organismo, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció intolerancia política, y violencia contra sindicalistas, mujeres y campesinos y periodistas venezolanos.
En abril de este año, Chávez había insistido en que estaba a favor de que Venezuela saliera de la CIDH porque era usada por los Estados Unidos para arremeter contra su Gobierno.
"Paso negativo"
El profesor de derechos constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Henrique Sánchez Falcón, consideró como un "paso negativo" la decisión adoptada por el Gobierno de Chávez, y afirmó que de concretarse en un año la salida de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, representaría una "violación" a la Constitución porque la convención "es parte del orden constitucional".
Sánchez Falcón dijo a la agencia AP en una entrevista telefónica efectuada el lunes que, para que Venezuela pueda salir del sistema interamericano de derechos humanos, habría que realizarse una "modificación de la Constitución" por la vía de una Asamblea Constituyente para cambiar algunos artículos que hacen referencia a la convención.
Liliana Ortega, fundadora de la ONG local Comité de los Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de febrero (Cofavic), afirmó también el lunes que es "gravísima" la decisión del Gobierno venezolano porque "cierra espacios muy importante de tutela a las víctimas de los sectores más excluidos del país".
Ortega sostuvo que aunque a las víctimas venezolanas aún les queda la opción de las Naciones Unidas para llevar las denuncias de violaciones de derechos humanos, la salida del sistema interamericano representa el cierre de espacios.
"Apelamos a que haya mesura, y que esta decisión pueda ser revertida, porque además, creemos que es un gravísimo error político hacerlo en este momento, y muy particularmente no solo por el contexto electoral, sino por el mensaje que se señala al mundo", dijo la activista a la AP.
Al preguntársele si en la región existen precedentes de este tipo, Ortega expresó que Perú, durante el gobierno Alberto Fujimori (1990-2000), denunció la convención pero nunca concretó su salida, y Trinidad y Tobago también impulsó una iniciativa de este tipo.