El Ministerio de Economía difundió esta tarde un comunicado de prensa en el que informó que el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1338/12 "mediante el cual se dispone la intervención" de la ex Ciccone Calcográfica, que hasta hoy operaba como Compañía de Valores Sudamericana S.A.
Paralelamente, el Gobierno envió un proyecto al Congreso de la Nación con el objetivo de declarar la imprenta de papeles de seguridad de utilidad pública y sujeta a expropiación.
La intervención quedará a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la presidente de la Casa de la Moneda, Katya Daura.
"El Estado considera primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda de acuerdo a la Constitución Nacional. Esta facultad había sido tercerizada en la década del 90 en detrimento de Sociedad del Estado Casa de la Moneda. A efecto de recuperar esas facultades, el Proyecto de Ley dispone que la totalidad de los bienes de la empresa pasen a formar parte del patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda", argumentó el Gobierno.
Tal como sucede con la expropiación de Repsol-YPF, el Tribunal de Tasaciones de la Nación será el encargado de evaluar el precio de la compañía, que será pagado con la deuda que mantiene la ex Ciccone con la AFIP.
Las facilidades que el ente recaudador le había dado a la imprenta para condonar dichas obligaciones fueron las que originaron la investigación que tiene entre los imputados al vicepresidente Amado Boudou, acusado de favorecer a la compañía cuando se desempeñaba como ministro de Economía.
"El Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad. Con esta medida, la capacidad de Sociedad del Estado Casa de Moneda se ve ampliada, lo que permitirá abastecer al Banco Central de la República Argentina, disminuyendo su necesidad de recurrir a proveedores internacionales", completó el comunicado oficial.
Con la intervención y posterior expropiación, Alejandro Vandenbroele, señalado por sus nexos con el vicepresidente Boudou, perderá el control de la imprenta y sólo podrá exigir una indemnización de acuerdo a su participación accionaria y a lo que finalmente evalúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
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