Tras concluir con las lecturas de los requerimientos de elevación a juicio de la Fiscalía y las querellas, el TOC 21 desestimó varios planteos de nulidad, entre ellos los presentados por el abogado Oscar Igounet, defensor del empleado ferroviario Guillermo Uño.
Igounet formuló distintos planteos bajo el argumento de que no pudo ejercer el derecho de defensa porque no se le permitió ofrecer prueba y, en la cuestión más reciente, por la falta de definición de un pedido de recusación contra los miembros del tribunal oral.
El TOC 21, presidido por Horacio Días e integrado por Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, reconoció que la recusación aún sigue discutiéndose en otra instancia, pero decidió "avanzar con el juicio" porque , en caso contrario, cualquier planteo similar provocaría la suspensión del debate oral y público.
Antes que terminara la lectura de los pedidos de elevación de la causa a juicio, Elsa Rodríguez, una de querellantes, quien asistía al debate sentada en silla de ruedas, pidió retirarse de la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002 porque "se sentía mal".
Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos fueron heridos durante los hechos registrados el 20 de octubre de 2010 en el barrio porteño de Barracas, cuando durante una protesta de índole laboral para la incorporación de "tercerizados" al plantel de ferroviarios fue muerto Ferreyra.
La Sala de audiencias, la más grande del edificio dedicada a juicios orales, estuvo colmada de público, entre familiares y amigos de las víctimas, y en el piso superior los de los procesados.
Mientras dentro del edificio se desarrollaba el debate, en las afueras centenares de manifestantes que portaron gran cantidad de banderas y pancartas con los colores rojo y amarillo del PO, valiéndose de altavoces, pedían "justicia para Mariano Ferreyra" y "perpetua para Pedraza".
"No se buscó esclarecer la causa" sino que "se trató de un proceso 'direccionado' contra Pedraza", expuso su defensor Carlos Froment, en otro planteo de nulidad.
Entre los asistentes al juicio se verificó la presencia de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el dirigente del PO Néstor Pitrola, los diputados Claudio Lozano y Martín Sabbatella, la ex legisladora Vilma Ripoll y el periodista y dirigente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky.
La concentración frente al acceso principal a los tribunales federales de Retiro provocó el "cierre" total de la avenida Comodoro Py a esa altura y congestionamiento del tránsito vehicular en zonas aledañas.
La audiencia se inició pasadas las 11:30 luego de una larga espera por demoras en el traslado de los detenidos y su llegada a la sala de audiencias en el subsuelo de los tribunales federales de Retiro en Comodoro Py 2002.
Antes del inicio formal del debate oral se permitió el ingreso de reporteros gráficos, sin hacer lugar a un pedido para que un acusado se retirase de la sala; sólo se le permitió bajar la cabeza para evitar los flashes.
Tanto la fiscalía como las querellas coincidieron en acusar a los procesados por el delito de "homicidio agravado", consumado en el caso de Ferreyra y en grado de tentativa con relación a Rodríguez, Aguirre y Pintos.
Sobre algunos de los procesados pesan, además, acusaciones por presunta coacción a un grupo de periodistas que intentaban filmar imágenes de los hechos, en tanto que a uno de los policías sometidos a juicio se le atribuyó haber dejado de filmar el episodio.
"Todos estaban conectados y coordinados cuando los acontecimientos se desarrollaban", consignó en su momento en un dictamen el fiscal de instrucción de primera instancia Fernando Fizser.
"La finalidad era aleccionar a los (trabajadores) tercerizados para que no cortaran las vías y mantener en sus cargos a Pedraza y Fernández", quienes habrían dirigido todo desde la sede de la UF, a través de comunicaciones telefónicas con Díaz.
Pedraza, su segundo, Juan Carlos Fernández, y el delegado gremial Pablo Díaz están procesados como supuestos instigadores de homicidio agravado y tres tentativas de homicidio agravado además de coacción.
Como autores materiales de los disparos aparecen Cristian Favale y Gabriel Sánchez, quienes llegaron procesados como autores del homicidio y otros delitos.
Los otros procesados son Uño, Francisco Pipito, Claudio Arcorcel, Juan Carlos Pérez, Gabriel Sánchez, Jorge González y siete policías, entre ellos Hugo Lompizano y Luis Mansilla, máximos responsables del operativo de seguridad montado ese día quien, según las querellas, "liberaron la zona".
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