El operador inmobiliario sintió rápidamente las represalias de sus críticas públicas –realizadas en el diario Clarín el domingo pasado- hacia el gobierno nacional. El miércoles, la Presidente acusó en un acto en la provincia de Buenos Aires a Rodrigo Saldaña, uno de los socios de JT Inmobiliaria por no haber presentado las DDJJ desde el 2007.
"Me llama la atención que el que aparecía como empleado no era empleado, Saldaña era socio -dije el nombre, no tenía que haberlo dicho, no importa- y resulta ser que este señor, que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes, no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde 2007", había criticado la jefa de Estado. En la nota, aparecía el nombre de los tres hombres que gestionan la inmobiliaria: Alberto Rossaroli, Rodrigo Saldaña y el propio Toselli.
Sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no arremetió contra Saldaña, el acusado de estar en una situación fiscal regular. Por el contrario, inhabilitó directamente a la firma JT Inmobiliaria, mediante el bloqueo del Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).
Por lo tanto, los empresarios deberán presentar las declaraciones juradas pendientes si quieren seguir operando. Una vez efectuado el trámite, la habilitación será restituida automáticamente.
La represalia por las declaraciones del titular de la inmobiliaria son simbólicamente significativas. Las críticas lanzadas por la Presidente habían generado solidaridad tanto en los colegas de Toselli como en el arco político opositor. Radicada en Barrio Norte, la empresa tiene más de 40 años en el mercado. Jorge Toselli, socio mayoritario de la firma, es también fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).