Piden pena máxima para los marinos imputados de espionaje en Trelew

El abogado Rodrigo Borda, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que todos los acusados incumplieron deberes de funcionario público, al "violar la ley (de Defensa) que regula su labor", entre otras, en el segundo día de su alegato en la causa a cargo del juez federal, Enrique Guanziroli, en Rawson.

Una vez concluido en la tarde del viernes el alegato de la querella, el fiscal federal Fernando Gelves también pidió la condena de todos los acusados, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, con la modalidad de delito continuado.

Los alegatos de la querella y del fiscal fueron en gran medida convergentes en la valoración del plexo probatorio y en el señalamiento de la responsabilidad penal de los imputados, así como también en afirmar que los ilícitos cometidos desde la base Almirante Zar de Trelew eran parte de una práctica de la Armada generalizada y de alcance nacional.

Gelves señaló en su alegato la "habitualidad de esta práctica ilegal de la Armada Argentina, prolongada y repetida en el tiempo, antes y durante la jefatura de (Jorge) Godoy y (la subjefatura de Benito) Rótolo", ambos procesados en otra causa por los mismos ilícitos.

Sin embargo, el fiscal y la querella se diferenciaron en algunos matices respecto de las condenas solicitadas para cada uno de los acusados. Borda pidió el máximo de la pena aplicable -"relativamente leve", puntualizó- para los almirantes Eduardo Avilés, ex comandante de Operaciones Navales; Pablo Rossi, ex director de Inteligencia Naval, y Luis De Vincenti y para los capitanes Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli, Carlos Vázquez, Carlos Ruda, Félix Medici, Cristian Vidal y Gustavo Monzani. Además, solicitó para estos 10 acusados la inhabilitación especial para ejercer funciones o cargos públicos, accesorias legales y costas.

El letrado introdujo salvedades -que calificó de "sutiles"- respecto de otros cuatro acusados, entre ellos el capitán Eduardo Merlo, quien habría tenido la intención de cesar la actividad ilícita a fines de 2004, según declaró el testigo Carlos Alegre. Las salvedades alcanzaron también a los suboficiales Alfredo Andrade, Vicente Rossi y Daniel Guantay, quienes para la querella y por ser personal subalterno, fueron sólo ejecutores de las órdenes ilegítimas.

Borda pidió para Merlo un año y 10 meses de prisión, en tanto que para los tres suboficiales un año y siete meses, en todos los casos con la inhabilitación especial por el doble del tiempo de sus condenas.

A su turno, Gelves solicitó para todos los acusados dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.

El querellante le solicitó al juez, para el caso de que decida no hacer efectiva las penas de prisión, que se le ordene a los eventuales condenados tomar estudios sobre derecho constitucional y derechos humanos, y realizar trabajos no remunerados para el Estado o entidades de bien público, en especial las damnificadas por operaciones de inteligencia ilegal.

Borda también pidió remitir la sentencia y la documentación del juicio oral y público originado en 2006 al gobierno nacional, la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia y los juzgados federales a cargo de Daniel Rafecas y de Sergio Torres, con causas conexas.

Finalmente, propició la preservación de la prueba documental secuestrada, en el ámbito del Archivo de la Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Chubut.