El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un ex guerrillero del disuelto M-19 que el pasado 1º de enero asumió el segundo cargo más importante del país después de la Presidencia de la República, anunció en el discurso de posesión que prohibiría el uso de armas en la ciudad para garantizar la tranquilidad de los capitalinos. La medida regirá a partir del 1º de febrero próximo. Tras el anuncio del alcalde de Bogotá, un grupo de senadores informó que impulsará un proyecto de Ley ante el Congreso que amplíe la iniciativa expuesta por Petro al resto del país.
Ahora, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Luis Felipe Murgueitio, aseguró para El Tiempo que es "mejor un vigilante bien comunicado con la Policía que uno armado", y planteó el debate sobre el desarme.
La Asociación de Entidades de Seguridad Privada (Andevip) se pronunció ante la propuesta del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Luis Felipe Murgueitio, en el sentido de que el sector de seguridad privada no use armas de fuego.
El coronel Juan Luis Gutiérrez, director ejecutivo de la Asociación de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), señaló que "las armas no letales son útiles, disuasivas y se pueden emplear en muchos casos, pero los efectos no son los mismos. No sé hasta donde un banco permita que le presten su seguridad con armas no letales, hay que pensar en el nivel de riesgo de los ciudadanos".
Según Gutiérrez, proponer el desame de los vigiladores privados es "inoportuno", ya que "la responsabilidad del Estado es la de garantizar la seguridad de los ciudadanos". Para el representante de Andevip, no portar armas sería una ventaja para los delincuentes y, por ende, "aumentaría las cifras de la inseguridad en cualquier ciudad".
"Creo que el esfuerzo del Estado tiene que estar orientado a desarmar a los ilegales, porque los legales están haciendo uso de una licencia concedida por aquél, cumpliendo con todos los requisitos de ley en donde ha habido un estudio previo para otorgarle el permiso para que esa persona pueda hacer uso de su arma" , indicó Gutiérrez.
Según datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, hay 150 mil vigilantes con permisos para usar armas sobre un total de 198 en actividad. El Departamento de Control y Comercio de Armas informó que existen 43 mil armas en manos de la vigilancia privada.
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