José Ramón Socorro, propietario de Kalor 92.1 FM, declaró que cerca de 50 soldados armados ingresaron a la emisora y confiscaron sus equipos. La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) indicó que esa estación de radio y otras dos estaban operando sin la autorización del Gobierno, irregularidad que faculta a los funcionarios para incautar los sistemas de transmisión. Las empresas tienen 15 días para apelar la decisión.
El año pasado, el Gobierno del presidente Hugo Chávez revocó la licencia de 34 emisoras de radio, afirmando que la mayoría de ellas no pudieron actualizar sus registros o alegando que sus concesiones estaban a punto de expirar.
En octubre, Conatel acusó de violar las normas para transmisiones a la televisora de noticias Globovisión, cuya línea informativa es opuesta al mandatario, y le impuso una multa de más de dos millones de dólares por su cobertura de una sangrienta rebelión carcelaria que este año se convirtió en un dolor de cabeza político para Chávez.
Activistas de derechos humanos y grupos que defienden la libertad de prensa han acusado al Gobierno de tratar de restringir e intimidar a los medios opositores. Chávez lo niega, señalando que muchos periódicos y emisoras son muy críticos de su gobierno y que algunos abiertamente insultan y se burlan de él.
Socorro declaró a Globovisión que su estación de radio tiene una línea editorial "bastante equilibrada".
Carlos Correa, líder de la organización no gubernamental de derechos humanos Espacio Público, expresó que él y otros activistas perciben "que hay incremento en las restricciones" a los medios de comunicación, en particular en contra de estaciones de radio localizadas en pequeñas y poco pobladas zonas rurales de Venezuela. En su opinión, el objetivo del chavismo es que algunas estaciones de radio bajen el tono de sus críticas. "Al ver que se castiga un medio critico, otros tienden a la auto-censura", resumió.