A cuatro años de haber asumido como jefe de Gobierno porteño y a poco más de un mes de iniciar su segundo mandato, Mauricio Macri aún no pudo resolver uno de los principales temas de gestión: la higiene urbana.
En las últimas horas, diputados opositores y propios pusieron la lupa sobre los números de los contratos con las cinco empresas encargadas del servicio de recolección de residuos, que crecieron escandalosamente desde 2004 a la fecha. Y no es un tema menor: la higiene representa el mayor gasto en el presupuesto porteño, pese a que la prestación deja mucho que desear y las calles lucen cada día más sucias.
El diputado Eduardo Epszteyn, un entendido en el tema gracias a su paso como ministro por el gobierno deAníbal Ibarra, elaboró un informe que detalla que desde 2006 a 2010 la evolución del gasto en materia de higiene urbana fue de 260% en valores corrientes, es decir, sin considerar la variación de la inflación. Se prevé que la cifra pasará largamente el 300% cuando cierre el actual ejercicio.
Según cuentan en Bolívar 1, a principios de año Macri se reunió con el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, para solicitarle que encuentre una solución al tema antes del 10 de diciembre. Sin embargo, los tiempos se fueron dilatando y a casi un mes del "recambio" de autoridades aún no hay una salida concreta.
Esas demoras fueron las que llevaron a Macri a designar una suerte de interventor en el Ministerio de Espacio Público para que resuelva el tema.
Una licitación complicada
El último contrato de higiene pública en la Ciudad entró en vigor el 18 de febrero de 2005. En principio se trataba de un convenio por cuatro años, prorrogable por otros doce meses. Formalmente, el acuerdo venció en febrero de 2010 y a partir de allí el gobierno dictó prórrogas administrativas para evitar un abrupto parate del servicio.
El Ministerio de Espacio Público inició este año la licitación para reparar esta situación irregular. La convocatoria aspira a una reforma integral del servicio de higiene que cumpla con lo prescripto por la Ley Basura Cero, votada por la Legislatura de la Ciudad y utilizada como bandera de campaña por la oposición durante las últimas elecciones.
Según trascendió, las mismas empresas que hoy en día están a cargo de la recolección de residuos en la Ciudad fueron las que presentaron sobres para quedarse con un negocio millonario a partir de 2012. En algún momento, la firma Covelia intentó presentarse a concursar, pero, polémica de por medio, debió dejar de lado sus aspiraciones.
Pese a que el proceso licitatorio se inició a principios de año, desde hace algunos meses se encuentra totalmente paralizado. Algunos dirigentes opositores señalan dos aspectos clave que habrían generado el malhumor de Macri.
El primer punto es técnico. El Ministerio de Espacio Público no cuenta con personal técnico idóneo para analizar las especificaciones que están en el denominado sobre nº 2 presentado por las firmas que aspiran a asumir la concesión.
El segundo punto de debate es de índole política y económica. Sucede que el llamado a licitación es por cuatro años, lapso que obligó a las firmas a proyectar contratos mucho más onerosos para poder amortizar la inversión de encarar una reforma integral del sistema, tal como prevé el pliego.
Si bien no hay datos oficiales al respecto, se estima que en los sobres hay estimaciones de contratos que superarían los $2.500 millones anuales, algo que provocó el rechazo de Macri.
Para tener una idea de qué significa esto, la Ciudad gastará durante todo 2011 casi $1.600 millones por la higiene urbana y en el proyecto de Presupuesto 2012 estima que las erogaciones serán de 1.800 millones de pesos; un contrato de $2.500 millones al año sería un "disparate" para las cuentas del ministro Néstor Grindetti.
Las soluciones que baraja la Ciudad
Ante un servicio irregular en la práctica –las calles están sucias– y en lo legal, el gobierno porteño evalúa varias salidas para poder normalizar una situación que Macri conocía desde el día de su asunción.
La primera es olvidar la licitación que se encuentra en trámite y convocar a una nueva, con un pliego más ordenado y con condiciones técnicas que permitan ofertas más bajas de las empresas prestadoras del servicio. Un lapso de contrato de al menos 8 años sería una condición indispensable, explican los especialistas.
Otra opción sería que intervenga la Legislatura de la Ciudad y que a través de una nueva ley decida reorganizar el sistema de higiene urbana y cómo será el proceso de adjudicación del servicio, con mecanismos claros y transparentes.
La última y menos conveniente para el gobierno porteño sería concluir con la adjudicación en trámite, abrir todos los sobres y asumir el costo político y económico de una licitación mal hecha.
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