Inflación: repudian que el juez Alejandro Catania pida datos de periodistas

El diputado del radicalismo Ricardo Gil Lavedra aseguró en Radio 10 que "la amenaza penal es una manera de censura indirecta". La medida del magistrado fue calificada, además, de "intimidatoria". El legislador nacional reiteró que los datos que difunde el Indec no son "creíbles"

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Gentileza Derecho al Día 162
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El diputado nacional de la UCR Ricardo Gil Lavedra se sumó a las críticas contra la decisión del juez Alejandro Catania de solicitar a los diarios datos de los periodistas que escriben noticias sobre la inflación.

"Solicitar nombres y apellidos, teléfonos, de los periodistas que hayan escrito alguna nota vinculada sobre inflación, tiene un carácter intimidatorio y resulta claramente violatoria de la libertad de expresión", advirtió el legislador radical.

En tal sentido, el también jurista explicó: "La garantía de la libertad de expresión lo que tutela es que haya la mayor cantidad de voces posibles, y la verdad surge precisamente de la pluralidad; cualquiera puede decir lo que quiera respecto de la inflación".

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El magistrado pidió nombres, direcciones y teléfonos de periodistas que hayan publicado notas sobre la inflación en el marco de la causa penal que inició el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra economistas y consultoras por difundir índices de precios alternativos a los del Indec.

En tal sentido, Gil Lavedra consideró que el problema es que "no tenemos un organismo oficial creíble" y "el Gobierno manipula los números, miente, es una farsa, para tapar el problema de la inflación".

"Por eso han aparecido las (consultoras) privadas, por eso se miran las mediciones de los entes provinciales: porque no tenemos números oficiales", dijo el diputado y apuntó contra el secretario de Comercio Interior: "Moreno es un personaje patético y las denuncias penales contra las consultoras son absurdas".

En este escenario, Gil Lavedra recordó que la Corte Interamericano se expresó en varios casos sobre temas similares y asegura que "la amenaza penal es como una manera de censura indirecta, porque trae la autolimitación del periodista, que se siente inhibido, atemorizado".

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