Condena internacional al fallo contra 'El Universo'

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Gonzalo Marroquín, calificó de "grave zarpazo a los más esenciales principios de la libertad de información" el fallo judicial.

En menos de 24 horas de haberse iniciado la audiencia, el juez Juan Paredes sentenció el miércoles al ex editor de Opiniones del diario, Emilio Palacio, y a los directivos de El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez, a tres años de cárcel y al pago de $30 millones y otros $10 millones que deberá asumir el periódico, por "el delito de injurias calumniosas", como reza el fallo judicial.

Marroquín, quien además ejerce como presidente del periódico Siglo21 de Guatemala, agregó que el hecho "confirma una vez más que el gobierno nacional continúa con su sistemática e intencionada campaña para acabar con la prensa independiente y establecer, por ley o por vía judicial, el patrimonio de la verdad que deben consumir todos los ecuatorianos".

"Nos solidarizamos con los periodistas y todo el personal de El Universo, a la espera de que en instancias superiores, la justicia sepa valorar el derecho a la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, por sobre los intereses personales de quienes detentan el poder", agregó Marroquín.

El pasado 21 de marzo, Correa demandó por "injuria calumniosa" a  El Universo y sus directivos, por una columna de opinión de Palacio del 6 de febrero, en la que responsabilizó al mandatario por haber ordenado atacar un hospital durante la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010. Aunque Palacio renunció la semana pasada al diario, el presidente decidió continuar con su querella en la que pedía, además de tres años de cárcel para los querellados, 80 millones de dólares en indemnización.

Abuso y falta de tolerancia

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una sociedad latinoamericana de periodistas con base en Lima, deploró asimismo el fallo."Es una decisión preocupante que no guarda relación con la supuesta infracción o delito puesto que la columna firmada por el editorialista, que ya renunció, es el ejercicio de una opinión editorial que en modo alguno podría significar un acto delictivo", dijo a la agencia AFP el director ejecutivo, Ricardo Uceda."La sentencia revela lo acertada que estaban las dudas sobre la independencia de ciertos sectores del poder judicial del Ecuador", añadió.

El responsable del IPYS, que tiene presencia en Ecuador, señaló que el presidente Correa "es un ejemplo deplorable y lamentable de abuso y falta de tolerancia" de un mandatario."La práctica del presidente Correa es reaccionar judicialmente contra quienes lo critican y eso es lamentable", dijo.

Deplorable

También la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó la sentencia. Denunció que ese "acoso judicial pone en evidencia una estrategia de las autoridades ecuatorianas que busca acallar los medios de comunicación en el país, actualmente muy criticados por el presidente (Rafael) Correa".

"Aún si Palacio sostuvo una posición extrema, rechazamos la condena", afirmó Reporteros Sin Fronteras que considera la decisión "inoportuna" pues fue adoptada "en pleno debate sobre la futura Ley de Comunicación".

"Contrariamente a la tendencia general hacia la despenalización de los delitos de prensa observada en América Latina, la legislación ecuatoriana aún prevé penas de prisión en casos de difamación", precisó RSF que llamó a "despenalizar los delitos de prensa".La entidad pidió a la justicia ecuatoriana que "revise" su decisión pues "mantenerla fomentaría la autocensura en los medios" de comunicación. La entidad recordó que una pena de prisión por un delito de prensa "contraviene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" (CIDH) vinculante para Ecuador por ser miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Serio retroceso"

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también expresó su preocupación y su "enérgica condena" de esa sentencia. Consideró que la decisión judicial "sienta un precedente alarmante como limitante de la libertad de expresión".

"Con esta sentencia, resulta evidente que el presidente Correa está aumentando su presión sobre los medios en Ecuador", afirmó el coordinador del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría.

El CPJ señaló que "la decisión marca un serio retroceso para la despenalización de la difamación en las Américas y envía un mensaje alarmante en el sentido de que el escrutinio público y el ejercicio de la libertad de expresión tienen consecuencias graves".

Efecto intimidatorio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó la condena y consideró que el fallo que tiene un "efecto intimidatorio y de autocensura".

La condena es "una grave advertencia que conduce a inhibir a cualquier otra persona o medio de comunicación que tenga opiniones o informaciones que los altos funcionarios puedan considerar ofensivas, lo cual contradice prácticas naturales y necesarias en cualquier democracia.

Para la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH la medida "es contraria a los estándares regionales en materia de libertad de expresión".Lo elevado de la multa amenaza inclusive la "existencia misma" del diario, indicó.