La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como Ley de Caducidad, impide juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías durante la dictadura (1973-1985).
Está vigente desde el gobierno de Julio María Sanguinetti y representa una amnistía para los militares y las fuerzas de seguridad que fueron acusados de violar los derechos humanos a lo largo de los años de la dictadura, de acuerdo a un matutino porteño.
Si bien el juzgamiento de quienes cometieron delitos durante esa época resultaría justo, implica al mismo tiempo quedarse anclado al pasado. Es la voluntad por seguir adelante y olvidar esa oscura estapa del país la que llevó a apoyar la vigencia de la norma.
Pero esta no es la primera vez que se le dice "no" a la eliminación de la ley. Su primera ratificación tuvo lugar en 1989 y su segunda, en 2009.
Este año el Frente Amplio impulsó una vez más desde el Parlamento una norma para intentar hacerla inaplicable. Hace poco, fueron varios los artículos de la norma sancionados. De hecho, el partido oficialista fue el encargado de tal decisión. Pero se confirmó que seguirá vigente, como el pueblo lo pidió en las dos anteriores ocasiones. La sociedad de Uruguay planea de esta manera dejar atrás un oscuro pasada y focalizarse en el futuro.
De acuerdo ala Corte Interamericanade Derechos Humanos (CIDH) la ley "carece de efectos por su incompatibilidad conla Convención Americanayla Convención Interamericanasobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos", de acuerdo al diario.
Sin embargo, la decisión popular y política sustenta la intención del presidente de Uruguay de abandonar de los fantasmas del pasado.
Son varios los senadores que fueron perseguidos durante la dictadura de los años 70, así también el propio presidente Pepe Mujica. Sin embargo, este apoyo a la vigencia de la ley parece indicar que el propósito es cerrar esa etapa de la historia del país vecino, como lo quiere el pueblo.
Por su parte, el Senado parece hacer oídos sordos al reclamo popular.