El informe anual de Amnistía Internacional (AI) condenó la situación que deben enfrentar, diarimente, los ciudadanos iraníes, sirios y libios, y criticó fuertemente la ejecución como una forma de castigo válida.
El régimen de Mahmoud Ahmadinejad mantuvo la represión a los disidentes y activistas y logró el triste récord de poseer la cifra más elevada de penas de muerte. Las autoridades iraníes reconocieron el número, aunque el organismo internacional recibió informaciones de otras 300 -la mayoría en la prisión de Vakilabad, en Mashad- por lo que la cifra podría ser mayor.
Muchas de las víctimas fueron condenadas en juicios injustos, sobre la base de "confesiones" obtenidas gracias a malos tratos, consistentes en violencia física, ingesta de excremento humano y simulacros de ejecución, entre otros.
A ello se suma que la libertad de expresión, asociación y reunión siguió siendo objeto de las severas restricciones, adoptadas en 2009 debido a las masivas protestas populares contra el Gobierno.
Una situación similar se registró en un aliado del régimen iraní: Siria. El trabajo "Estado de los derechos humanos en el mundo" indica que 17 personas fueron ejecutadas, 8 murieron bajo custodia policial y 22, en su mayoría mujeres, fueron víctimas de homicidios de "honor" el año pasado.
AI denunció que la intolerancia de Basher Al Assad con la disidencia política se justificó con el pretexto de que debilita "el sentimiento nacionalista". "Quienes criticaban al Gobierno, incluidos los defensores de derechos humanos, se exponían a ser detenidos y encarcelados tras juicios injustos".
En el caso de Libia, las ejecuciones ascendieron a 18; gran parte de los muertos eran de origen extranjero. El informe hace especial hincapié en la contradicción en la que se incurrió al designar a ese país como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mientras ocurrían todos estos delitos.
Muammar Khadafi restringió la libertad de expresión y de prensa. Entre numerosos casos, se destaca el del diario Oea, que se vio obligado a suprimir su versión en papel tras publicar una "noticia cierta y criticar al Gobierno por ineficacia y corrupción".
Otro punto criticado por AI es la política migratoria del país, que desde hace años refugia a miles de desplazados, quienes dejaron el territorio libio con el inicio de la rebelión civil en febrero pasado.
El grupo recordó que, en 2010, se aprobó una ley para combatir la migración irregular que permitía la detención indefinida y la expulsión sin derecho a apelación. Además, se impidió el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y millares de emigrantes y peticionarios de asilo vivieron en condiciones de hacinamiento extremo.
El trabajo señala que Corea del Norte, que figura entre los países más aislados del mundo, continuó teniendo, el año pasado, el terrible "honor" de ser también uno de los que más violan los derechos humanos.
Pyongyang viola de forma generalizada las libertades de sus ciudadanos. Se restringen "las libertades de expresión, asociación y circulación" y se producen detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, con resultado de muerte, denunció AI. Existen, además, seis centros que albergan a miles de presos políticos.
Destacó que el inminente cambio de liderazgo que protagoniza Kim Jong-un, tercer hijo del actual dirigente Kim Jong-il, sólo serviría para perpetuar este autoritario sistema político.
China es otro de los países donde la tortura y la violencia física son un mal "endémico" en los centros de reclusión y donde se aplica "ampliamente" la pena de muerte.
El régimen comunista respondió, alerta AI, con medidas represivas a las reivindicaciones pacíficas de reforma democrática, mayor libertad de expresión y de culto, y mayor autonomía regional para las etnias minoritarias. El texto afirma que "se encarceló y persiguió a personas por expresar pacíficamente su opinión, tener creencias religiosas desaprobadas por el Estado y defender los derechos de otras personas."
También asegura que "el cortafuegos chino de Internet siguió bloqueando varios sitios web de redes sociales populares", a la vez que "las autoridades continuaron reprimiendo a la población tibetana, uigur y mongola".
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