Resurrección Galera Navarro, una profesora de religión católica en un colegio público, fue despedida por el Obispado de Almería tras casarse civilmente con un hombre divorciado. Sin embargo, diez años después el Tribunal Constitucional le reconoció el derecho a "no sufrir discriminación por razón de sus circunstancias personales, a la libertad ideológica en conexión con el derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida y a la intimidad personal y familiar".
"Nos han llegado afirmaciones de que estás viviendo con un señor casado. Es una situación insostenible", le dijeron a Galera, quien en ese entonces tenía 36 años y llevaba siete como profesora en el colegio público Ferrer Guardia. Seguidamente, se le propuso que abandonase sus clases en ese mismo momento o, si aceptaba el despido, sería contratada para dar clases en algún otro colegio de la provincia, cuando normalizara la situación matrimonial.
El fundamento de la resolución del Tribunal Constitucional es que el matrimonio de Galera con un divorciado "no guarda relación con la actividad docente desempeñada por la demandante, pues no afecta a sus conocimientos dogmáticos o a sus actitudes pedagógicas". En tal sentido, la autoridad judicial anula dos sentencias anteriores que desestimaron la demanda de la maestra contra la decisión de la Iglesia, una del Juzgado de lo Social Nº 3 de Almería de 2001 y otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2002.
En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de la Federación de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), Rafael Ramírez, sostuvo que la Iglesia, "como cualquier otra institución privada, debe respetar primero las normas constitucionales" y, en este caso concreto, porque "era una maestra del Ministerio de Educación, una empleada pública, y no una catequista". Añadió que "el Ministerio de Educación debió decir que la destitución no era correcta" y se lamentó: "si hubiese asumido sus funciones esto no habría pasado" y la profesora "no habría tenido que recurrir hasta el Constitucional".
"Agradecemos que el TC vaya zanjando estos temas, aunque deberían ser las administraciones públicas quienes lo hicieran. A veces parece que el Ministerio de Educación es una mera comparsa y que hay que ir a los tribunales para que se imponga la cordura", señaló.
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