Chile: restan identificar 31 cadáveres del incendio en la cárcel

El Servicio Médico Legal pudo reconocer a 50 de los presos muertos, pero muchos cuerpos están calcinados y sus huellas dactilares no sirven. Familiares querellaron al Estado

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"En 40 horas determinamos causas de muerte y entregamos a sus deudos 44 personas fallecidas", comunicó Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal (SML), dependencia encargada de identificar a los 81 presos que murieron en el penal de San Miguel.

Indicó que, hasta ahora, los reconocimientos se hicieron a través de las huellas digitales de las víctimas, pero que habrá que recurrir a pruebas genéticas para las 31 restantes, porque sus cuerpos están calcinados.

"Estamos tomando muestras sanguíneas de las familias para adelantar el banco genético de familiares, que nos permita después hacer el cotejo o la comparación con el ADN de las víctimas para poder entregarlas a sus seres queridos con seguridad", explicó. Bustos reiteró el pedido a los familiares de los fallecidos que aún no han sido reconocidos de que entreguen muestras odontológicas o radiografías de los reclusos para que donen sangre para los análisis genéticos.

En tanto, el fiscal a cargo de la investigación se desplazó al centro penitenciario, acompañado de peritos de Bomberos y personal de la Policía de Investigaciones, para realizar algunas pericias. Buscan determinar los materiales inflamables que había en la Torre 5 de la cárcel, donde se desató el fuego tras una pelea entre reclusos. También pretenden verificar la hora en que comenzó todo, si hubo negligencia durante la evacuación y si los que iniciaron el fuego lograron sobrevivir.



Primera querella

La familia de uno de los 81 muertos presentó la primera demanda contra el Estado. Se presentaron ante la Justicia el abogado y la madre de Diego Portugués, un preso de 23 años que cumplía una condena de cinco años por el asesinato de un delincuente que había ingresado a su domicilio.

La defensa interpuso la demanda por los delitos de homicidio calificado y homicidio por omisión. Argumentó que el Servicio de Prisiones de la gendarmería incumplió una orden judicial para trasladar a Portugués a otra cárcel y decidió internarlo en la de San Miguel, donde murió.