El ministro de Interior Gustavo Jalkh informó el lunes que entre las acciones que se tomaron como resultado de la rebelión están que "a toda la unidad de motociclistas se les retiró la dotación de armas... los hombres del regimiento Quito han sido redistribuidos en varias unidades como medida preventiva; a varios oficiales se les ha cambiado de responsabilidades, ya no comandan grupos".
También "se ha establecido expedientes administrativos por mala conducta en tribunales de disciplina", añadió.
El fiscal general, Washington Pesántez, aseveró que los policías alzados "serán sancionados conforme al código penal común, ese es un delito, no policial, es un delito común". Y agregó: "Vamos a investigar la conspiración, quizá urdida desde fuera de los cuarteles policiales y que pretendieron utilizar a miembros de la institución policial".
La ley de Servicio Público, cuyo contenido causó el alzamiento debido a que los policías temían que perjudicara sus condiciones laborales, entró en vigencia el lunes después de que se venció el plazo para que la Asamblea considerara un veto que le había impuesto el presidente.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo en rueda de prensa que "la ley no se modifica y no es necesario modificarla, aunque todos los valores que se recibían (policías y militares) por efecto de bonos, todos esos recursos que están en el presupuesto fiscal, se mantienen inamovibles hasta diciembre del 2010".
Precisó que "las condecoraciones que tienen tanto valor simbólico para las fuerzas armadas y la policía se mantienen, lo que se transforma es el valor económico que se funde en una compensación que de ninguna manera va a perjudicar a los actuales ingresos que reciben sus miembros de las FF.AA. con respecto a esos bonos especiales".
Añadió que tales decisiones, alcanzadas mediante acuerdos, no se adoptaron "por los recientes acontecimientos", sino que era un medida que estaba en análisis hace meses.
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dijo al canal estatal GamaTV que "los procesos de investigación están desarrollándose dentro de la policía, así como la investigación realizada y las posibles sanciones penales, que lleva adelante la fiscalía".
Correa y varios de sus ministros señalaron al ex presidente y actual opositor del gobierno Lucio Gutiérrez (2003-2005) de propiciar el alzamiento, aunque había viajado a Brasil días antes de la sublevación.
El hermano del ex mandatario y dirigente del partido Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, rechazó el señalamiento y dijo que Correa "por decisión propia ... (fue) hacia la turba enardecida, no fue a darles soluciones a los policías, fue a provocarles, a desafiarles y ahí se generó la confusión y acciones injustificables de la policía. El responsable se llama Rafael Correa".