El diario mexicano La Jornada reveló, sobre la base de fuentes federales que pidieron anonimato, que las autoridades hallaron muerto a uno de los investigadores de la matanza que estaba desaparecido. Las fuentes presumen que fue asesinado por Los Zetas, el mismo grupo criminal sobre el que pesan todas las sospechas por los fusilamientos.
El agente del Ministerio Público habría sido emboscado cuando regresaba de hacer las primeras pesquisas en el rancho en el que fueron ejecutados los migrantes. Ni las autoridades federales ni las locales informaron acerca del estado de la investigación ni revelaron la identidad del decapitado.
En la misma zona se encontró el cadáver de un comandante de la policía local, también decapitado, pero ni las autoridades locales ni la Procuraduría General de la República establecieron algún vínculo entre ese oficial y la matanza de Tamaulipas.
En tanto, la Armada de México inició un rastrillaje en El Huizachal, municipio de San Fernando, para asegurarse de que no hay más cadáveres ni "narcofosas" en la zona.
La fiscalía del estado mexicano de Tamaulipas, al noreste del país, se encontraba investigando las "versiones" sobre la desaparición de dos policías en el poblado de San Fernando.
Según informó a AFP un vocero de la Procuraduría de Justicia local, "existen versiones de que un policía ministerial [investigador] y uno de la dirección de tránsito están desaparecidos [desde el jueves], pero no hay denuncia formal. La procuraduría ya está investigando"
Interrogado acerca de si los dos agentes participaban en la investigación de la matanza que se presume fue perpetrada por el grupo del narcotráfico Los Zetas, un vocero de la fiscalía aseguró que "no tenían relación alguna con el trabajo de apoyo en la realización de las necropsias y la identificación" que realiza la fiscalía.
Militares de la Marina de México localizaron el pasado martes 72 cuerpos, 14 de ellos de mujeres, de emigrantes de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil en un rancho de San Fernando, poblado de 30 mil habitantes, y localizado a unos 180 km de la frontera con Texas.
Según el testimonio de un sobreviviente ecuatoriano, los agresores se identificaron como Los Zetas y atacaron a los migrantes luego de que se negaran a trabajar como sicarios para el grupo por un pago de 1.000 dólares quincenales.
Los crímenes ocurrieron en una hacienda a escasos 160 kilómetros de su meta, los Estados Unidos.
El subprocurador de Justicia de Tamaulipas, Jesús de la Garza, dijo a Milenio Televisión que ocho de las víctimas identificadas eran de Honduras, cuatro de El Salvador, dos de Guatemala y uno de Brasil.
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