La votación quedó dividida en seis a favor de la inconstitucionalidad y tres en contra. De todas maneras, pese al fallo, todavía no se sabe si tendrá efecto inmediato o no.
La instalación de siete bases militares en Colombia sufrió así su primer descalabro luego de que Jorge Iván Palacio, el magistrado ponente, emitiera su concepto desfavorable a la aprobación del acuerdo por parte de la Corte Constitucional.
El Gobierno deberá darle ahora trámite al tratado con Estados Unidos en el Congreso para que uniformados y contratistas de EEUU estén en siete bases colombianas, acotó Semana en su página web.
Con su decisión, el alto tribunal le devuelve el tratado al presidente Juan Manuel Santos para que la Casa de Nariño le dé el correspondiente trámite en el Congreso.
"Mientras su paso por el Legislativo se cumple, el acuerdo militar quedará sin vigencia, contrario a lo que se había planteado antes de darle un plazo de un año para que el convenio fuera analizado por el Congreso", dijo Semana.
El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos contemplaba que personal militar estadounidense (hasta 800 militares y 600 contratistas) puede operar desde las bases de Malambo (Atlántico), Palanquero (Magdalena Medio), Apiay (Meta); las bases navales de Cartagena y el Pacífico; el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia (Caquetá).
"Desde el año pasado, funcionarios del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe explicaron que el convenio no significaba la creación de bases militares estadounidenses como tal, y que las bases de Malambo, Palanquero y Apiay seguirían en manos colombianas sin restricciones, y los norteamericanos tendrían que solicitar el visto bueno de los oficiales nacionales para las misiones que desde allí se proyectaran", destacó Semana.
Además, el gobierno mandó el mensaje tranquilizador de que no se incrementaría la presencia de efectivos norteamericanos y se mantendrían máximo 800 militares y 600 contratistas.
"En teoría, con el acuerdo Colombia obtenía más recursos, tecnología y asesoramiento para operaciones contra el narcotráfico y los grupos armados para hacer trabajos de inteligencia en tiempo real, como la que facilitó la Operación Jaque para liberar a 15 secuestrados por las FARC, entre ellos a Íngrid Betancourt", destacó Semana.
"Además, se esperaba que lo que Estados Unidos invirtiera en infraestructura se quedaría en el país. Sólo para Palanquero ya habían sido aprobados 42 millones de dólares", indicó Semana.
El convenio ha sido criticado por varios países de Latinoamérica. De hecho fue el detonante de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela que llevó a la primera ruptura de relaciones en agosto del año pasado, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez decidió retirar su embajador y a casi todo el personal diplomático de Bogotá, por considerar una amenaza para su seguridad la actividad de militares estadounidenses en Colombia.
La iniciativa, según el Gobierno colombiano, era complementaria de un acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos vigente desde 1974.
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