Respecto del período base, último trimestre de 2001, en el sector privado registrado se verificó un incremento del 288,53%, en el no registrado una suba del 240,87% y en el sector público un aumento del 153,67 por ciento.
De acuerdo con esos datos, y en función de la serie trimestral de las remuneraciones declaradas por los empleadores al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el promedio de salarios de la economía se elevó a 3.166 pesos.
Pero el dato relevante que arrojó el procesamiento de los datos del Indec fue que por primera vez en la serie histórica que comienza en el último trimestre de 2001 el promedio de salarios de los trabajadores privados, con $3.540,57 superó a la media de los empleados públicos, que ahora se ubica en 3.537,32 pesos.
Si bien ese mérito corresponde a los limitados ajustes, básicamente por antigüedad, que desde octubre último mantienen los haberes de los agentes a cargo del Estado en relación de dependencia, el fenómeno responde esencialmente a la tracción hacia abajo de las remuneraciones de quienes se desempeñan en el orden municipal y provincial, según los datos de Distribución Funcional del Ingreso que también difunde el Indec.
Los privados corren parejos
En la comparación interanual se mantiene una amplia brecha en la evolución de los salarios del sector privado respecto de quienes se desempeñan en la administración pública, habida cuenta que mientras los primeros se elevaron entre 21%, para el caso del Mínimo, Vital y Móvil que en enero 2010 pasó a $1.500 y 17,92% en el de los informales, con una media de 18,95% para los registrados, los segundos lo hicieron apenas 11,77 por ciento.
La contrapartida de esos movimientos, que fueron insuficientes para evitar el deterioro en su capacidad de compra, por la aceleración que alcanzó el ritmo inflacionario, a más de 20% según el consenso de las consultoras privadas, fue la reducción de la nómina de personal, entre los privados, y la expansión en más de 4% en el conjunto de la administración pública, respecto de febrero de 2009.
De este modo, apareció un punto de resistencia en el mercado laboral, donde muchas empresas con alto porcentaje de personal sindicalizado parecen forzadas a responder a ajustes salariales "acordados" en convenciones colectivas muy superiores a los que resultan de la marcha de los negocios y de las libertades para mover los precios, con recortes en la dotación de personal.
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