"La Presidenta firmó un decreto por el cual se terminan todos los escollos para la fabricación de celulares en Tierra del Fuego", afirmó la funcionaria en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.
La firma de la medida que modifica parcialmente el decreto 710/2007, fue realizada hoy en Olivos en un acto encabezado por la Presidente, acompañada por Giorgi y la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos.
De esta manera se completa la serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional para promover la industria electrónica fueguina, que implica una importante sustitución de importaciones y la consecuente generación de fuentes de trabajo.
La titular de la cartera de Industria y Turismo detalló que se "eliminó el último escollo para iniciar la producción a gran escala de teléfonos celulares en la provincia de Tierra del Fuego".
Ritmo de producción
Giorgi adelantó que "a partir de ahora y hasta el próximo mes de junio están dadas las condiciones para producir en la isla entre 3 y 4 millones de celulares, y alcanzar un total de 6 millones de aparatos fabricados en 2010".
Así, se podrá abastecer el 40% del mercado de celulares con producción nacional, sustituir importaciones por aproximadamente 500 millones de dólares y generar 500 nuevos puestos de trabajo.
La ministra Giorgi había recibido la semana pasada a más de 20 ejecutivos de empresas fabricantes de celulares radicadas en Tierra del Fuego con proyectos para producir en esa provincia. Actualmente hay 16 iniciativas aprobadas y otras 3 en trámite de aprobación. Además, varias empresas manifestaron durante el encuentro su intención de ampliar el cupo de producción oportunamente asignado.
Asimismo, el presidente de BGH, Alberto Hojman, anunció inversiones por u$s25 millones y Brighstar ratificó su inversión por otros u$s10 M.
Este decreto presidencial, que entrará en vigencia mañana a partir de su publicación en el Boletín Oficial, soluciona un tema impositivo referido a la vinculación entre los fabricantes de Tierra del Fuego y sus clientes que venden en el resto del país los productos fabricados en la isla.
Para ello, se modificó parte de la redacción del decreto original, que desalentaba las compras de las empresas del resto del territorio nacional a las compañías radicadas en la isla.
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