El juez procura establecer si a los afiliados bancarios les daban remedios vencidos, robados o en mal estado, provistos hasta el año pasado por la droguería San Javier, de Norberto Lorenzo -quien fue imputado-, y si sobrefacturaban los tratamientos.
Se trata en especial de drogas usadas para pacientes con cáncer, sida o hemofilia, que por su elevado costo y cronicidad paga el Ministerio de Salud a través de la Administración de Programas Especiales (APE).
El control de la farmacia pasó en 2005 del sector médico al administrativo durante gestión de la removida directora de esa área, Paula Aballay, pareja del máximo dirigente de los bancarios, Juan José Zanola.
Dada la crítica situación y la virtual acefalía administrativa hasta que se designe un nuevo director, la compra de insumos para garantizar la continuidad de los servicios la realiza un comité médico.
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