Luego, en un acto en el Palacio de Gobierno dijo que se entregó una indemnización por unos 10 mil millones de guaraníes (dos millones de dólares) a 102 compatriotas "cuyos derechos humanos fueron violentados", explicó.
Lugo agregó que "''no podemos reparar todo el daño cometido, ¿cuánto deberíamos pagar por los desaparecidos, por quienes perdieron hermanos? No hay dinero para esa indemnización, pero debemos hacer un gesto".
Lugo agregó que todos los paraguayos "debemos rendir homenaje a los anónimos luchadores que no van a recibir una indemnización material. ¿Cuántos indígenas fueron asesinados en las selvas? ¿Cuántas mujeres y niñas ultrajadas? ¿Cuántos torturados? ¿Cuántos desaparecidos? Para esos luchadores, va este homenaje", agregó.
El ministro de Economía Dionisio Borda informó que en marzo pasado fueron indemnizadas 273 personas "pero la lista de víctimas es larga y cumpliremos con ellas paulatinamente, de acuerdo con la disponibilidad del presupuesto".
La Defensoría del Pueblo es la encargada de registrar una por una a las presuntas víctimas y tras realizar verificaciones, de acuerdo con la gravedad de los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Stroessner, establece las cifras a ser pagadas por el Estado. Se calcula que abarcará a unas 10 mil.
Una ley sancionada por el Congreso en 1992 calificó como dictadura al régimen de Stroessner que tuvo el sostén político del Partido Colorado.
El ex presidente Nicanor Duarte, meses después de asumir su mandato en 2003 fue el primero en solicitar disculpas por los abusos del régimen stronista: "El Partido Colorado tiene una deuda histórica con el país que difícilmente la podrá pagar y la llevará como un estigma".
En agosto de 2008, Lugo siguió los pasos de Duarte y pidió perdón a la población por los abusos del Estado durante el stronismo.
La comisión no gubernamental Verdad y Justicia, dirigida desde 2003 por monseñor Mario Melanio Medina, obispo de las diócesis sureñas de Misiones y Ñeembucú, dirigió las tareas de identificar y cuantificar el número de víctimas de la dictadura entre 1954 y 2003.
El 28 de agosto de 2008 presentó un libro-informe final de 3.200 páginas señalando que tras 2 mil testimonios recogidos y 14 mil documentos oficiales recopilados se concluyó que Stroessner exilió a un millón de paraguayos, apresó ilegalmente, torturó y asesinó a unos 300 opositores y 128.076 personas sufrieron algún tipo de persecución política.
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