Padres de víctima de Cromañón denunciaron en las últimas horas irregularidades en el contrato que acordó el grupo Callejeros con José Domingo Palazzo para tocar hoy en San Francisco, Córdoba, en el estadio que pertenece a Sociedad Rural.
Según los denunciantes, encabezados por Mirta Miralles, las autoridades municipales habían informado sobre el ingreso de 4 mil personas cuando en el contrato se afirma que se "colocarían a la venta 4.500" para un espacio destinado al show que tiene capacidad para 6 mil.
"El director del gobierno de la municipalidad de San Francisco nos dijo por e-mail que sería un recital para 4 mil personas cosa que no se cumplió?, afirmó a Infobae.com Miralles, quien presentó un e-mail con la respuesta del funcionario pertinente, el doctor Pablo Bario, quien explica en su misiva que el predio total "donde se realizará el recital es al aire libre, abierto completamente y sólo rodeado de un cerco perimetral de tejido, cuya superficie aproximada es de 12 hectáreas, pudiendo albergar alrededor de 50 mil personas".
Asimismo, el grupo de padres, que es parte de la querella en el juicio que se lleva a cabo por estos días, denunció que la recaudación ?que aparece en el contrato es inexistente? y que se trata de una forma ?de escapar a los embargos establecidos por ley? desde el primer recital dado por la banda tras la tragedia, implementado por la jueza María Angélica Crotto.
"Una banda de al menos seis personas no tocaría nunca por 16 mil pesos y muchos menos teniendo un porcentaje a su favor de 20% de la recaudación cuando siempre es de 70 u 80", afirmó.
El abogado querellante José Iglesias afirmó a Infobae.com que el "contrato es trucho porque ellos están negreando la recaudación".
"Desde ya lo percibido no es lo que demuestra el contrato, asimismo comete irregularidades por las características del empresario que los está contratando, que es igual que Chabán, y que seguro el contrato no coincide con el monto percibido por Sadaic".
Según el letrado, esta no es la primera vez que Callejeros, "CJS" en el contrato, presenta un documento ante la Justicia que intenta falsear lo recaudado en las presentaciones dado el embargo aplicado por la Justicia.
Iglesias agregó que es "muy difícil que en este momento del juicio oral, el Tribunal se dedique a ver si la recaudación es la verdadera". "Debería operar un interventor recaudador y la Justicia local en coordinación con la Nación, son demasiados pasos, no creo que se produzcan?.
?Es decidir entre el embargo o la condena, yo voy por la condena?, afirmó Iglesias.
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