La medida fue confirmada a Infobae.com por el abogado Alfredo Solari que representa a varios ex marinos imputados en los casos, entre ellos Raúl Scheller.
Según relató el letrado, el fiscal ante Casación Plée pidió la suspensión del trámite al presentar el recurso extraordinario ante la Sala II y hasta tanto el tribunal resuelva si le hace lugar al planteo.
Para Pleé, se trata de un caso de ?gravedad institucional?, y la resolución de Casación es ?arbitraria?, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae.com.
?La resolución en crisis (la de Casación que ordenó la liberación), pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos; circunstancia esta que evidencia la gravedad institucional que se viene invocando?, dice el dictamen.
?En el caso, sin dudas fue seriamente conculcado el interés de la comunidad toda en que se haga efectiva la ley penal respecto de los delitos que aquí nos ocupan catalogados como delitos de lesa humanidad?.
Para el fiscal ?resulta indicativo del peligro de fuga el hecho de que muchos de los imputados se hayan evadido anteriormente de la acción de la justicia ante requerimientos judiciales de Estados extranjeros en los que se encuentran en investigación los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes de la última dictadura militar?.
Hasta tanto tome una definición sobre el recurso la Cámara accedió a paralizar el trámite de las liberaciones al suspender la remisión del expediente a los tribunales de origen.
Fuentes judiciales informaron a Infobae.com que la apelación del fiscal suspende el fallo de Casación en caso de que el recurso sea aceptado. Si Casación admite el recurso extraordinario, el caso será revisado por la Corte Suprema de Justicia y los detenidos seguirán presos hasta tanto se pronuncie el alto tribunal.
En cambio, si Casación rechaza abrir el recurso extraordinario, los represores podrán recuperar la libertad aunque el fiscal plantee un recurso para ir "en queja" directamente a la Corte, según explicaron los voceros consultados.
La Cámara Nacional de Casación Penal, el mismo tribunal al que el Gobierno acusó el año pasado de demorar las causas contra los represores de la dictadura, ordenó ayer la liberación de Astiz y otros ex marinos procesados por las causas de la ESMA.
La orden para liberar a los ex marinos fue adoptada ayer por los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García y se basa en el vencimiento de los plazos previstos por la ley para que un acusado esté detenido en prisión preventiva sin que exista una condena firme en su contra.
La ley indica que nadie puede estar detenido más de dos años, prorrogables por uno más según la cantidad de delitos y la complejidad de la causa. Según indicó su defensa, Astiz está preso desde septiembre de 2003 y aún no fue sometido a juicio oral.
Además de Astiz, el fallo beneficia a otros represores del mayor centro clandestino de detención que tuvo la dictadura, la ESMA y además al ex general Ramón Díaz Bessone y al ex juez federal santafesino Víctor Brusa, acusado de haber presenciado torturas a personas secuestradas por la dictadura.
Según indicaron las fuentes, en total, son alrededor de veinte los beneficiados.
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