La resolución de la Secretaría de Transporte, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial y afectaría a unas 16 mil unidades que circulan en la región, generó un abierto rechazo y malestar de las cámaras empresarias del sector, y apoyo de la Unión Tranviario Automotor (UTA).
"Los operadores de los servicios de transporte público urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional deberán incorporar un Sistema de Protección Antivandálico para el Conductor en la flota afectada a los servicios autorizados", ordenó el organismo que encabeza Ricardo Jaime.
La Secretaría de Transporte dispuso que los fabricantes de carrocerías presenten "en un plazo máximo de 30 días corridos" las propuestas de construcción de esas cabinas, que deberán cubrir una serie de requisitos, principalmente vinculados con la protección y la comodidad de los choferes.
Entre los fundamentos de la resolución, de seis artículos dispositivos y dos de forma, se advierte que se ordenó instalar cabinas ante "las situaciones de violencia" de las que fueron víctimas varios conductores en el área metropolitana.
De hecho, el secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, aseguró a DyN que la resolución es lo que estaban "pidiendo desde hace mucho, frente a los ataques, los robos, las lesiones y hasta las muertes de compañeros de los últimos meses".
"En algunas zonas del área metropolitana del Buenos Aires se han generado situaciones de violencia sobre conductores de ómnibus urbanos que aconsejan la adopción de medidas precautorias para asegurar las máximas condiciones de confort y seguridad para los trabajadores al volante", indica la resolución de la Secretaría de Transporte.
Los dirigentes de la Asociación Civil del Transporte, Roberto Canegallo, y de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Alberto Crespo, expresaron su sorpresa y malestar por la medida.
Ambos dirigentes reconocieron "no estar al tanto" de la medida que fue publicada oficialmente, y adelantaron que pedirán informes a sus técnicos y también al gobierno nacional para determinar los requisitos y la forma de financiar las cabinas de seguridad.
"Fuimos ignorados en la preparación de la resolución y nos llama la atención que no fuéramos ni siquiera consultados. Seríamos quienes deben pagar las cabinas, pero nadie nos dijo nada", consideró Crespo.
Por su parte, Canegallo también confirmó que no había sido informado oficialmente de la medida y aclaró que la implementación requerirá un plazo y un sistema de financiación "razonable, porque si no no se podrán hacer cosas imposibles".
Finalmente, Calegari aclaró que "el Estado no tiene ninguna obligación de anticipar una medida a las empresas" y admitió que "en caso de que tengan que encontrar una vía para financiar esa medida, se tendrá que hacer por medio de un aumento de tarifa o de los subsidios".
"Los empresarios ahora se enojan, pero no alzaron la voz por las muertes, los hechos de violencia y atentados que sufrieron sus choferes", finalizó el secretario de Prensa de la UTA.
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