Con apenas 34 años, Santiago Andres Kaplun sabe que consiguió un fallo que puede cambiarle la vida y la salud de unos 5 millones de habitantes que padecen daños por la contaminación de la zona. Es que La Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado Nacional, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
"Estamos frente a una decisión que marca el fin de una etapa importantísima para la justicia nacional, ya que convalida definitivamente el rol que el Poder Judicial debe tener en cuestiones tan trascendentes para la sociedad", consideró el abogado.
Luego comentó estar "conmovido" ya que por medio del expediente se ha obtenido una sentencia que desde lo jurídico va a servir de basamento para el futuro. Aunque aclaró que también lo invade un temor respecto de si finalmente podrá ejecutarse el plan.
"Es obvio que la Corte no puede eternamente controlar su ejecución, y por ello fija pautas y sanciones para hacerlo", sostuvo y luego expresó su preocupación por si el gobierno actual y los venideros tendrán la responsabilidad y transparencia de entender la importancia de la recuperación de la cuenca. "Lo llamativo y a la vez lamentable es que este temor solo sucumbirá si se hacen las cosas bien", reflexionó.
El histórico fallo
La demanda llegó al máximo tribunal impulsada por 140 vecinos y damnificados, muchos de ellos habitantes del asentamiento conocido como Villa Inflamable, en Dock Sud, quienes denunciaron que las napas freáticas están contaminadas con metales pesados.
Según Klapun, el caso que "empieza a terminar" se gestó como respuesta legal a decenas de personas angustiadas por padecimientos personales y colectivos. "Rápidamente se convirtió en una causa personal por la trascendencia que tuvo desde el inicio y por la magnitud del tema del que se trataba", comentó.
La estrategia
Según el letrado, la estrategia consistió en generar con los elementos que un abogado tiene a su alcance (la constitución y la ley) una demanda a presentar directamente ante la Corte para que entienda en la afectación de derechos colectivos gravemente lesionados.
"Ante la novedad del planteo tenía muchas dudas ya que no encontraba precedentes y por ello estaba convencido de que estábamos haciendo historia", relató.
Finalmente explicó que con el dictamen del procurador general y luego con el fallo del 20 de junio de 2006, que intimó a realizar el plan, sus dudas se transformaron en certezas.
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