"Antes de fin de año resolveremos el problema de los campamentos gitanos abusivos, lo cual significa que se respetarán las leyes", afirmó el ministro del Interior, Roberto Maroni.
El funcionario otorgó poderes especiales a los delegados de Gobierno de Milán, Roma y Nápoles, para resolver la llamada "emergencia gitana", informó El pais.com.
Se censarán a los habitantes de los campamentos, para conocer cuántos hay en cada provincia y saber "quién está adentro". El Ministro teme que se desate un posible "clima de violencia". Desde los campamentos, que empiecen las expulsiones en masa.
La voces críticas llegaron de varias ongs y organismos internacionales, por discriminación. Las denuncias se basan en el riesgo de legislar de manera específica sobre "grupos y minorías según su nacionalidad, su etnia o el sitio donde viven", según Amnistía Internacional.
Los datos del Ministerio del Interior indican que en Italia viven 152.000 gitanos. El 37 % de ellos tiene nacionalidad italiana.
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