Los crímenes de la Triple A son de lesa humanidad

Así lo confirmó la Cámara Federal, en un fallo que abre la puerta al juzgamiento de miles de homicidios cometidos por ese grupo paramilitar durante el gobierno de Isabel Perón, quien podría ser citada

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Para la Justicia se trata de crímenes cometidos desde el aparato estatal "bajo su amparo y garantía de impunidad".

El fallo, en voto dividido, fue firmado por la Sala I de la Cámara y avaló la línea de investigación que viene realizando el juez federal Norberto Oyarbide contra integrantes de la organización que en 1973 condujo José López Rega, el entonces ministro de Bienestar Social del gobierno de Isabelita.

Ahora Oyarbide tiene vía libre para indagar al ex jefe operativo del grupo Rodolfo Almirón, cuya extradición fue concedida por España y quien mañana llegará al país detenido.

La resolución que declara imprescriptibles los crímenes de la organización fue firmada por los camaristas Eduardo Freiler y Horacio Cattani -este último de la Sala II-, quien debió desempatar porque Eduardo Farah se pronunció en contra de que estos crímenes sean considerados de lesa humanidad.

La decisión fue adoptada el viernes a última hora, aunque hoy se notificó a las partes y al magistrado, y se registró.

La causa de la Triple A se inició hace 32 años, a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizarri Goñi en la que se reclamaba investigar los crímenes del diputado peronista Rodolfo David Ortega Peña, ex jefe de la policía bonaerense y sobreviviente de los fusilamientos de 1955, Julio Troxler; el profesor universitario e intelectual Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y su amigo Luis Ángel Mendiburu. También se incluyen los homicidios de Alfredo Curutchet, Carlos Laham y Pedro Barraza, todos ocurridos en 1974.

Con la muerte de López Rega en 1989, la causa quedó archivada. Pero el 2 de febrero pasado el expediente fue reabierto a instancias del fiscal federal Eduardo Taiano, quien dictaminó que los delitos de la Triple A fueron crímenes de lesa humanidad, ya que fueron llevados a cabo por un grupo que actuó bajo el amparo de la estructura oficial.

Lo que tenía que resolver la Cámara, en principio, era un planteo de Juan Ramón Morales, uno de los integrantes de la organización que fue encontrado casi un mes después que Almirón, en su departamento de Carranza y Charcas, en Palermo. Pero Morales murió bajo arresto domiciliario.
 
Oyarbide sostuvo que los ataques, secuestros y asesinatos ocurridos durante el gobierno de la viuda de Perón son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, por haber sido cometidos desde el aparato del Estado "bajo su amparo y garantía de impunidad".

El magistrado, que también pidió la extradición de Isabel Perón, dijo que esos crímenes representaron "la antesala del plan sistemático" que luego desarrolló la última dictadura militar.

La decisión de la Cámara despejó el camino para que avance el enjuiciamiento de los acusados por el juez Oyarbide, por los delitos de asociación ilícita y homicidio. Ellos son Almirón y la propia Isabel Perón, que enfrentan el juicio de extradición en España, además del ex policía, Miguel Ángel Rovira, bajo arresto domiciliario.

Además, la resolución favorecerá la ampliación de la investigación a todos los crímenes de la Triple A y sus responsables, y a esclarecer cuántas víctimas tuvo la organización.

Los fundamentos
Los siguientes son los párrafos destacados del fallo de 132 carillas de la Cámara Federal que trascendió esta tarde y al que accedió Infobae.com, en el que se declaró que los crímenes de la Triple A no están prescriptos y que deben ser investigados como delitos de lesa humanidad.

Dos camaristas, Eduardo Freiler y Horacio Cattani, coincidieron en que los crímenes no están prescriptos, mientras que Eduardo Farah consideró que los hechos cometidos por la organización son "delitos comunes" y que se han superado "a todas luces" los plazos de prescripción.

En cambio, los tres jueces estuvieron de acuerdo en que el ministro de Bienestar Social de Isabel Perón, José López Rega, era el "supervisor" y quien "pergeñó" las maniobras de esa asociación ilícita.

"Es mi convicción que los crímenes de la Triple A, sin duda alguna, constituyen crímenes contra la humanidad, que por su magnitud y significación no dejan de ser vivenciados por la sociedad y la comunidad internacional misma. De allí que la jurisdicción debe investigarlos más allá del transcurso del tiempo", del voto del camarista Horacio Cattani.

"Es claro a esta altura que no se trató aquí de la acción de un simple ministro (en referencia al ministro de Bienestar Social José López Rega) que en solitario, emprendió una serie de acciones delictivas. Sino uno de los que se hallaba en una posición notoriamente privilegiada y que concentraba en sus manos un poder tal que era capaz de garantizarle a la organización, aún ante la gravedad de los delitos que se cometían, impunidad total", también del voto de
Cattani.

Por su parte, el camarista Freiler sostuvo que "se trató de una política planificada con conductas lesivas que se convierten en delitos de lesa humanidad sin importar el telón de fondo de un gobierno de iure sumido en una crisis de racionalidad formal característica del estado burocratico como tipo ideal, con manifestación en el debilitamiento de las capacidades para llevar a
cabo sus funciones y proyección de colapso".

En cambio, Farah consideró que los hechos no son de lesa humanidad y que están prescriptos, porque tuvieron lugar entre el 21 de noviembre 1973, cuando ocurrió el atentado contra el senador por la UCR Hipólito Solari Irigoyen, lo que "supera a todas luces los plazos de prescripción para crímenes comunes".
"El hecho de que los crímenes hubiesen sido perpetrados por funcionarios del Estado tampoco convierte delitos que podrian ser comunes en crímenes de lesa humanidad", sostuvo Farah en disidencia.

"Entiendo que si bien los crímenes atribuídos a la organización resultan atroces, este no es mal específico que distingue a los crímenes comunes de aquellos internacionales. Para ello se debe demostrar que la política del Estado se ha transformado perversamente. Es decir, que ha virado su cometido para descargar sobre individuos indefensos el poder represivo, cuyo monopolio se había recibido con el fin de protegerlos".