Una denuncia "por mal desempeño de funciones" fue presentada contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal Cinco Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, que llevaron adelante el juicio por delitos de lesa humanidad contra Febres.
Estas organizaciones cuestionaron las "inexplicables e inadmisibles condiciones de detención" del represor que, aseguraron, "redundaron en el homicidio" de Febres.
En tanto, consignaron que "los jueces no pueden dejar de responder por esa muerte" que, a su entender, "posibilitó la perpetuación de la impunidad reinante en nuestro país".
Entre los firmantes se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio de Paz y Justicia; Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; y los querellantes en el proceso que quedó sin efecto tras la muerte de Febres, quien murió tras ser envenenado con cianuro, según las pericias judiciales.
Los querellantes que firman son Carlos Lordkipanidse, Andrea Bello, Enrique Fukman, Osvaldo Barros, así como otros sobrevivientes de la ESMA, Adriana Calvo, Laura Villaflor, Graciela Rosenblum y Diana Kordon.
Oposición
Por su parte, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, salió a aclarar que esa institución no adhirió a la denuncia contra los cuatro magistrados. "Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora comunicamos que esta institución no ha firmado la denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra la actuación del juez Sergio Torres", señaló la entidad en un comunicado.
Aseguraron además que las madres que acompañaron con su firma la denuncia, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, "lo hicieron a título personal". Los denunciantes señalaron como un agravante el hecho de que el juez Torres haya recibido meses antes de la muerte de Febres "una denuncia formal acerca de las disparatadas e ilegales condiciones de alojamiento en las que éste se encontraba".
En tanto recordaron "las numerosas oportunidades en que solicitaron que se aloje a los genocidas en cárceles comunes, en particular en la causa ESMA y en la primera audiencia del juicio oral contra Febres".
Asimismo, acusaron a Torres y los camaristas "de desobedecer la orden de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal respecto de que (los represores) debían ser custodiados por personal del Servicio Penitenciario Federal".
A esta denuncia se sumaron la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Comité de Acción Jurídica, Liberpueblo y el Instituto de Relaciones Ecuménicas, entre otras organizaciones.
También adhirieron a la denuncia los abogados Myriam Bregman, Elea Peliche, Sabrina Dentone, Claudia Ferrero, Jorge Brioso, Marcelo Parrilli, Leonardo Sinistri, Luciano Gonzalez Etkin y Liliana Mazea.
Por su parte, el juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, dispuso una prórroga de 10 días en el secreto de sumario sobre la causa que investiga el presunto homicidio de Febres.
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