Castro y otros tres altos cargos cubanos fueron acusados por genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas y terrorismo.
El pleno de la Sala de lo Penal consideró en sus deliberaciones que Fidel Castro sigue siendo el jefe de Estado cubano. La tribunales españoles no se contemplan competentes para procesar a mandatarios en ejercicio.
Los 19 jueces que integran la Sala de lo Penal -presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, el mismo que recientemente presidió el tribunal que juzgó a 29 acusados por los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid- desestimó de esta forma el recurso de una organización de apoyo a la disidencia cubana.
El Comité de Apoyo a la Disidencia 2506 (CAD) interpuso en febrero una querella contra Fidel Castro, su hermano Raúl, el ministro de Turismo, Osmani Cienfuegos, y el embajador cubano ante la ONU en Ginebra, Carlos Amat.
La querella se refería a la "muerte por asfixia de nueve prisioneros cubanos mientras eran trasladados en el año 1961" a La Habana en un furgón completamente cerrado, tras ser apresados en Bahía Cochinos. Acusaba a Castro y Cienfuegos y de "ser responsables directos" de su muerte.
La querella fue rechazada inicialmente al considerarla "cosa juzgada" debido a que en 1998 y 2005 la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba había presentado querellas similares que fueron rechazadas.
En el recurso que se estudió hoy, el CAD manifestaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez que había rechazado la querella, Santiago Pedraz, daban la impresión de "procurar garantizar a la dictadura castrista la inimputabilidad de los crímenes cometidos contra el pueblo cubano", así como de querer "proteger y amparar a los criminales liderados por Fidel Castro".
Fuentes de la Audiencia Nacional habían apuntado ya antes como probable el archivo de la querella, pero resaltaron que la importancia del debate de hoy estaba en dilucidar si Fidel Castro, que ha cedido provisionalmente el poder a su hermano Raúl, ha dejado de ser a efectos de la Justicia española jefe de Estado de Cuba y podría ser procesado en España, donde los tribunales no se contemplan competentes para juzgar a los mandatarios en ejercicio.
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