Hoy, en promedio, los tickets y vale canasta tiene un costo para las empresas de aproximadamente el 5%. Es decir que por cada 100 pesos de poder adquisitivo en supermercados y restaurantes, amén de algunos comercios y servicios adheridos, que recibe el trabajador la empresa paga 105. La diferencia la recibe el emisor.
Actualmente, la legislación laboral prevé que las empresas están autorizadas a pagar como parte de los servicios de sus empleados hasta el 20% del ingreso de bolsillo, como mecanismo para atenuar los altos costos laborales. Estos llegan al 36%, entre 23% de cargos patronales propiamente dicho para jubilaciones, obra social, PAMI, asignaciones familiares, y 13% de aporte personales del trabajador para su jubilación privada y obra social (sube a 17% en el caso de quienes aportan al sistema de reparto).
Para el caso de las grandes empresas que operan en el comercio y servicios privados la carga patronal se eleva de 23 a 27% del salario bruto, sin considerar en todos los casos los efectos del pago del aguinaldo, vacaciones y computar la previsión por despido.
Si bien la propuesta del principal asesor de la Confederación General del Trabajo prevé un cambio "de manera escalonada y progresiva", no cabe duda que el cambio tiene claramente más costos que beneficios.
No sólo porque si se le quita a los tickets la condición de "no remunerativa", desaparecerá para las empresas la diferencia entre el 36% y el 5% en el costo laboral, con lo que se elevará en 4,5% el costo de cada empleo en el caso extremo de que se ejerce la máxima opción de pagar con ese instrumento hasta un quinto del salario final, sino también porque significará la extinción de un instrumento que contribuyó a mejorar las negociaciones salariales.
Potenciador del poder de compra
La situación de crisis que afectó a la economía argentina en el pasado reciente llevó a difundir el uso de los tickets como parte del salario, porque su amplia diferencia de costo con la remuneración en dinero de curso legal, posibilitó a las empresas otorgar mejoras de ingreso a sus trabajadores un 4,5% superior a la que hubiera podido conceder en ausencia de ese beneficio.
En consecuencia, en lo inmediato, el cambio de tratamiento, igualándolo a la del salario, significará para los trabajadores la pérdida de una opción válida y aceptada en el mercado plenamente como medio de pago por el ciento por ciento de su valor, a la hora de discutir una mejora de la remuneración con su empleador.
Pero no sólo eso, al encarecerse el costo laboral, muchas empresas, en particular las que requieren una elevada dotación, comenzarán a evaluar la elección de métodos de producción que permitan ?ahorrar? empleos, con lo que se conspirará contra la creación de puestos de trabajo.
De ahí que los únicos favorecidos por la medida, no sea otro, que la búsqueda de más ingresos por parte de los sindicatos para sus obras sociales, aunque pueda resultar a costa de fomentar indirectamente un aumento del desempleo, no sólo de los que se desempeñan en las empresas emisoras de esos instrumentos de pago, sino también en forma indirecta, y a través de provocar un efecto desaliento a las nuevas contrataciones.
También se verá favorecida la ANSES y el PAMI, por la parte del aporte del empleador del 11,4% y del trabajador del 3%, el cual se eleva a 14% si aporta al régimen de reparto previsional.
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