Recolección de firmas para derogar amnistía en Uruguay

Las organizaciones se proponen recolectar al menos 250.000 firmas, equivalentes al 10 por ciento del padrón electoral, la cantidad exigida por ley para convocar un plebiscito que ponga la cuestión a consideración de la opinión popular.

No obstante, la anulación de la ley también puede ser efectuada por el Parlamento, que cuenta con mayoría del gobernante Frente Amplio.

La campaña está organizada por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, conformada en noviembre del año pasado e integrada por la central obrera PIT-CNT, el Servicio de Paz y Justicia y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

También forman parte de la entidad agrupaciones políticas aliadas del gobierno, Nuevo Espacio y los partidos Comunista y por la Victoria del Pueblo.

El secretario de Derechos Humanos de la PIT-CNT, Luis Puig, explicó que el objetivo principal de la iniciativa "no es que vayan más militares a la cárcel", sino que la sociedad uruguaya "no siga manteniendo una cultura de impunidad".

"Queremos dar garantías de que las diferencias políticas no propicien dictaduras o prácticas sistemáticas aberrantes como la tortura; es marcar una profilaxis hacia el futuro", agregó el sindicalista en declaraciones a Radio Diamante, de Montevideo, reproducidas por la agencia ANSA y el matutino La República.

Puig sostuvo que la ley otorgó "fortaleza" a las Fuerzas Armadas a la hora de brindar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos de la dictadura, por lo que "contribuyó a ocultar la verdad".

"No podemos seguir dando el mensaje de que hay dos categorías de ciudadanos: unos son juzgados y otros no", subrayó.

Los integrantes de la Coordinadora resaltan, por otra parte, que Uruguay firmó convenios con organismos internacionales que son contrarios a la Ley de Caducidad.

El lanzamiento de la campaña iba a concluir esta noche en un acto en el teatro El Galpón, donde estaba previsto que actuaran artistas locales, entre ellos el cantautor Daniel Viglietti.

La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986 por el Parlamento con los votos de legisladores de los partidos conservadores Blanco y Colorado y con el rechazo del Frente Amplio, y no pudo ser anulada por un referéndum popular convocado dos años después.

Pese a la postura del Frente Amplio en aquella votación, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se propuso mantener en vigencia la ley.

La norma impide juzgar y condenar a militares y policías que durante el régimen de facto cometieron secuestros, torturas, asesinatos, ocultamiento de cadáveres, violaciones de prisioneras y apropiación de niños, entre otros crímenes.

Durante dos décadas, ningún uniformado fue procesado por estos graves delitos, pero al asumir en 2005 el gobierno del Frente Amplio, Vázquez comenzó a aplicar el artículo 4 de la Ley de Caducidad, que excluye de su protección a delitos que se iniciaron fuera del país.

En razón de ello se comenzó a investigar el destino de unos 40 uruguayos que fueron secuestrados en Buenos Aires y trasladados por aire y agua a Uruguay, explicaron fuentes de organismos defensores de derechos humanos.

Actualmente, 11 militares y policías esperan sentencia en una cárcel especial, seis tribunales investigan numerosas denuncias de asesinatos y desapariciones de opositores, y el gobierno ordenó realizar excavaciones en cuarteles militares en búsqueda de tumbas clandestinas.