El fallo fue dictado en el marco de la causa que se sigue contra el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y salió por una mayoría de cuatro votos a favor, una abstención y dos disidencias, informaron fuentes judiciales.
Votaron a favor los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni, en disidencia lo hicieron Carmen Argibay y Carlos Fayt y Enrique Petracchi se abstuvo.
Según el constitucionalista Eduardo Barcesat este cambio de postura del máximo tribunal de Justicia "era imperativo". Además consideró que "es natural, porque ha habido una evolución tanto normativa, tras la la reforma de Carta Magna del año '94 cuando se incorporaron varios tratados sobre Derechos Humanos, como política".
Y opinó que "ahora el normativo se ha esforzado y ha sido finalmente tenido en cuenta, porque hubo un cambio normativo e ideológico".
El magistrado se rifirió a los indultos como una "misión megalómanas de Menem (por el ex Presidente), quien creyo que había conjurado el pasado". Según Barcesat "es un tema de transcendencia del poder, y mucho mejor sería que ellos sepan que las normas están por encima de ellos y no al revés".
El máximo tribunal comenzó a analizar temprano el indulto en el caso del general Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares entre 1975 y 1978.
Pero ese caso impacta de todos modos sobre la nulidad del resto de los indultos dictados a favor de ex represores, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera.
La decisión de la Corte confirmó así un fallo de la Cámara de Casación Penal. En 2004, la Corte había declarado -en el caso del espía chileno Enrique Arancibia Clavel- que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
En 2005, al analizar el caso del represor Julio Simón -conocido como "el Turco Julián"-, declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Riveros fue beneficiado por el decreto 1002 de 1989, firmado por el ex presidente Carlos Menem. El ex mandatario indultó con esa norma a militares procesados por homicidios, privaciones ilegales de libertad y otros delitos, en 30 causas.
Ellos fueron, entre otros, los tenientes generales Leopoldo Galtieri y Cristino Nicolaides; los generales José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere, Albano Harguindeguy y el propio Riveros.
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