Un procedimiento de control fiscal realizado por agentes encubiertos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue declarado nulo por la Justicia en lo Penal Económico, porque estimó que la empresa investigada no tenía antecedentes fiscales firmes que justificaran el uso de ese tipo de herramientas de control.
Los hechos se desarrollaron el 17 de febrero de 2006, cuando dos agentes se hicieron pasar por comensales en un restaurante de la calle Nueva York 4084 y ante la no entrega de una factura por $83,10 decidieron labrar un acta, que derivó en la sanción que motivó la acción en el fuero Penal Económico, alzada de las decisiones administrativas del ente recaudador.
Según el artículo 35, inciso g), de la ley 11.683, de Procedimiento Fiscal, un juez administrativo puede autorizar a sus funcionarios a que actúen como compradores de bienes o locatarios de obras y servicios, siempre que existan antecedentes fiscales respecto de los vendedores o locadores .
Sobre este aspecto, fundamental a la hora de realizar este tipo de operativos, la titular del Juzgado en lo Penal Económico Nº 1, Valeria Rostio, destacó que la juez administrativa de la AFIP no cumplió con lo dispuesto en la normativa legal, ya que el contribuyente afectado carecía del historial que fundamentara la medida tomada.
Para el abogado Marcelo Torija, socio del Estudio Torija Martínez & Asociados que asesoró a la firma investigada, la trascendencia del fallo radica en constituir uno de los primeros pronunciamientos del fuero Penal Económico resguardando y protegiendo los derechos de los contribuyentes como un valor más que importante en la sociedad que el que el castigo de un evasor.
La creación de la figura del agente encubierto, sumado a otras medidas fiscales, permitió a la AFIP pasar de $50.000 millones a $150.000 millones en cuatro años en concepto de recaudación.
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