La Corte Suprema de Justicia reconoció la personería jurídica a la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (ALITT).
El alto tribunal dejó sin efecto una resolución de la sala K de la Cámara Civil porteña que había denegado ese derecho a la entidad, al igual que la Inspección General de Justicia (IGJ).
Pese a que los fundamentos del fallo no fueron difundidos, los voceros explicaron a Télam que el alto tribunal rechazó el argumento de la Cámara acerca de que el objeto social de la asociación es "contrario al bien común".
En ese sentido, la Corte hizo lugar a los planteos de la entidad, que había considerado que los fundamentos de la resolución anterior fueron "arbitrarios" y que todas las asociaciones a las cuales la IGJ les otorgó personería tienden a la satisfacción de intereses personales.
"Una cosa es lo que la ley garantiza en forma declarativa y otra son las trabas que se interponen ante el ejercicio pleno de la ciudadanía", afirmó la fundadora de ALITT, Lohana Berkings.
Agregó que la asociación trabaja en la construcción de la ciudadanía travesti y transexual, "para que la prostitución no sea la única alternativa laboral y la educación respete nuestra identidad", entre otras cuestiones. "Creemos que ALITT contribuye al bien común, a la aceptación de una sexualidad más amplia, democrática y más diversa que la que intentan imponer los fundamentalismos religiosos", concluyó Berkings, quien celebró el fallo de la Corte Suprema.
ALITT es la segunda asociación de este tipo en obtener la personería jurídica -detrás de la Asociación de Travestis Unidos de Córdoba (ATUC)-, un camino que abrió la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
La CHA inició el trámite para obtener este reconocimiento en 1991 y llegó a la Corte Suprema de Justicia que en ese momento rechazó la petición, con los votos de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Mariano Cavagna Martínez.
Votaron a favor Enrique Petracchi y Carlos Fayt, los únicos que aún permanecen en el tribunal.
No obstante, y después de una fuerte presión internacional por parte de organismos de derechos humanos, la IGJ los reconoció legalmente.
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