El titular del Juzgado Federal Número 1 de la capital mendocina, Walter Bento, y Pedro Navarro, instruyen numerosas causas con relación a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Al igual que otros magistrados en distintos puntos del país, Bento fue intimado por sus agresores "a renunciar porque el cargo le queda demasiado grande", según el escrito, o de lo contrario "a rendir cuentas ante un tribunal particularmente imparcial".
La segunda de las denuncias no fue dirigida al actual titular del juzgado federal Ricardo Moreno, quien se encuentra en Buenos Aires, sino de Pedro Armando Navarro, quien declaró la inconstitucionalidad de las llamadas "Leyes del Perdón" e inició causas por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, consignó el diario El Ancasti.
Una carata igual fue recibida ayer por el fiscal federal Santos Reinoso. En la misma, se identifican como "un grupo importante de argentinos dispuestos a luchar por la VERDADERA JUSTICIA, no atada a los intereses personales partidarios ni gubernamentales 'de turno'".
En Mendoza, según publicó hoy el diario Uno, la nota fue escrita a máquina y con forma de solicitada, y acusa al presidente Néstor Kirchner y a sus funcionarios de gobierno de "terroristas y delincuentes" y enfatiza que Bento "es cómplice del Gobierno nacional" y que está "recibiendo presiones para actuar en favor de los intereses de quienes agredieron a la Nación".
El sobre que contenía la carta llegó al despacho del magistrado ayer al mediodía, al mismo tiempo que familiares de desaparecidos marchaban frente a los Tribunales Federales para reclamar por la aparición con vida de Jorge Julio López, el hombre que fue testigo clave en el juicio contra Miguel Etchecolatz.
En el sobre había una estampilla de la República Argentina y en el remitente, el siguiente nombre: "III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, Barcelona, España".
El magistrado, frente a esta amenaza, radicó la denuncia correspondiente ante la Primera Fiscalía Federal, a cargo de Alejandra Obregón.
A su vez, el gobernador Julio Cobos se puso a disposición del magistrado y le anticipó que tendría "todos los medios" para resguardar su integridad y la de su familia. "Yo duermo de noche, no lo haría si no hiciera mi trabajo a conciencia", sostuvo Bento al ser consultado sobre la amenaza.
Ayer, el fiscal de Resistencia Jorge Eduardo Auat confirmó que, al igual que otros funcionarios judiciales que investigan delitos cometidos durante la última dictadura, recibió una carta intimidatoria.
También fueron amenazados funcionarios judiciales en Santa Fe y Tucum n, así como el presidente del Tribunal Federal que condenó al represor Miguel Etchecolatz a prisión perpetua, Carlos Rozanski.
Las intimidaciones se conocen en medio de la incertidumbre por la desaparición del testigo Jorge Julio López, que había declarado contra Etchecolatz.