El juez Hugo Dolmestch dictó una condena de cinco años contra el ex jefe metropolitano de la CNI, el brigadier Enrique Levy Araneda, quien deberá cumplirla en forma efectiva, informó Radio Cooperativa.
En tanto, los otros cinco oficiales implicados, Pedro Guzmán Olivares, Luis Sanhueza Rosa, Jaime Norambuena Aguilar, Silvio Corsini Escárate y Manuel Allende, con penas de tres años y menos, fueron beneficiados por condenas de remisión condicional.
Además, el magistrado determinó que los ex miembros de la CNI deberán pagar 125 millones de pesos chilenos (250 mil dólares) al hijo del asesinado, Jécar Neghme Sáez, y otros 125 millones a sus hermanas Milagros y Farah Neghme Cristi.
Jécar Neghme, quien fue portavoz del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue acribillado por agentes de la CNI mientras caminaba por la calle Bulnes, a tan sólo veinte cuadras del palacio de La Moneda, la sede del Ejecutivo chileno, el 4 de septiembre de 1989.
En esa época se desarrollaba la campaña electoral que daría el triunfo al demócrata cristiano Patricio Aylwin de la coalición de centroizquierda Concertación, cuya asunción en 1990 puso fin a los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet.
En los fundamentos de su fallo, Dolmestch determinó que el asesinato de Neghme buscaba incidir en el electorado chileno y crear un clima de terror que favoreciera a la derecha política.
Por otra parte, el general Manuel Contreras, quien fue jefe de la DINA -la policía política durante la primera etapa del régimen pinochetista- afirmó que todavía no se halló toda la fortuna amasada ilegalmente por Pinochet, parte de la cual, sostuvo, proviene del narcotráfico.
Contreras, quien cumple una pena de 12 años de prisión por el asesinato del militante mirista Miguel Sandoval, dijo que el dinero originado en el narcotráfico era depositado en varias de las 125 cuentas bancarias que el ex dictador tenía en el exterior.
Además, según Contreras, Pinochet obtuvo ganancias por el manejo discrecional de fondos del Ejército chileno.
"Con los intereses obtenidos con los fondos del Ejército y además con la formación de nuevas sociedades empezó a obtener utilidades del comercio de la droga", señaló el jefe de la DINA en una entrevista a la Televisión Nacional.
En su denuncia, Contreras añadió que el hijo menor de Pinochet, Marco Antonio, el empresario Edgardo Bathich y el asesinado ex químico de la DINA Eugenio Berríos estaban autorizados "para elaborar droga dentro del complejo (químico del Ejército) de Talagante".
Según Contreras, la fabricación ilegal de droga funcionó al amparo del enorme poder concentrado por el ex dictador desde 1987 y contó también con la colaboración del coronel Gerardo Huber, quien fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas.
La CNI reemplazó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a partir de 1977.
La dictadura de Pinochet, quien gobernó Chile entre 1973 y 1990, está responsabilizada por la muerte de uno 3.000 personas, en su mayoría militantes de izquierda, según cifras de organizaciones de derechos humanos.
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