EFE.- Los doce casinos de esa ciudad, que se ha convertido en la "pequeña Las Vegas" del este de los EE.UU., no han escapado a la orden del gobernador del estado, Jon Corzine, de cerrar servicios no esenciales por no haberse logrado un acuerdo para aprobar el presupuesto del año fiscal 2006-2007 antes del 1 de julio.
Aunque los casinos son una industria privada, están regulados por la División de Juegos de Azar y la Comisión del Control de los Casinos, y no pueden operar sin la supervisión de un empleado estatal.
Pese a que la industria genera al estado 1,3 millones diarios en impuestos -2,2 millones si se suman los hoteles donde se ubican sus actividades-, Corzine se negó a hacer una excepción con los casinos, que podrían haber abierto sus puertas bajo supervisión policial.
"Estamos muy preocupados", dijo Patricia Campos, directora de Política de Unite Here, sindicato que representa a 16.000 empleados de casinos, muchos de ellos puertorriqueños, dominicanos o naturales de la India.
"La mayoría de los trabajadores de los casinos son inmigrantes", aseguró.
El mismo sindicato representa además a mil empleados que venden y sirven comida en los hipódromos, que también han tenido que cerrar por la decisión de Corzine de suspender toda actividad no esencial de las dependencias públicas estatales.
"El problema es que muchos de nuestros afiliados dependen de las propinas (para vivir). Esto no es como los trabajadores públicos. Si no trabajan, no hay sueldo y se quedan sin poder pagar sus cuentas a fin del mes", dijo Campos.
Argumentó además que con el cierre de los casinos se ven afectadas otras empresas relacionadas con esta industria, como las que les suplen comidas y venden materiales, así como los hoteles.
Los responsables de los casinos afectados han dicho que, en su conjunto, tendrán pérdidas por unos 16 millones de dólares diarios. "Esto es irónico porque se habla de equilibrar el presupuesto y la industria que genera dinero al estado es la que ha tenido que cerrar sus puertas", sostuvo Campos, quien hoy acudió a recibir, frente a los casinos, a los trabajadores cuyo turno comenzaba a primeras horas de esta mañana.
Les pidió que llamaran a la Asamblea estatal para reclamar una solución pronta a la crisis fiscal y les exhortó a acudir mañana a una protesta en Trenton, capital de Nueva Jersey, estado de sólo 22.608 kilómetros cuadrados situado en la costa atlántica del nordeste de los EE.UU., cerca de Nueva York y Philadelphia.
Al no alcanzarse un acuerdo sobre el presupuesto antes del 1 de julio, como establece la Constitución, Corzine ordenó el sábado el cierre de muchas dependencias gubernamentales.
El punto en conflicto, que ha enfrentado al recién estrenado gobernador del Partido Demócrata con sus correligionarios que dominan la Asamblea y el Senado, es su propuesta de aumentar del 6 al 7 por ciento el impuesto de ventas, excepto comida y medicinas.
Con esta iniciativa, Corzine prevé obtener ingresos extras por importe de mil millones de dólares, que quiere destinar al pago de la deuda de Nueva Jersey, la cual suma 4.500 millones de dólares.
La decisión de Corzine afecta desde el lunes al Departamento de Vehículos de Motor, inspección de vehículos, tribunales, la fiscalía general -donde sólo trabajan 100 de sus 9.000 empleados- y la lotería, que aporta al estado 15,4 millones de dólares por semana.
La lista se incrementó hoy con el cierre de 42 parques y una playa estatal, monumentos, dos hipódromos y los casinos, como le advirtió la administración Corzine al asambleísta Jim Whelan, que representa al distrito 12 de Atlantic City.
En una carta, fechada el 4 de julio y enviada por Stuart Rabner, asesor legal de Corzine, se informa a Whelan de que "lamentablemente el cierre tendrá consecuencias para muchas personas".
También le recuerda que la acción del gobierno está limitada ante la ausencia de un proyecto de ley que autorice el desembolso de fondos públicos, sujeto a un proceso criminal.
Mientras, la Asamblea estatal, que tiene la responsabilidad del presupuesto, trata de redactar una propuesta sin el alza de impuestos que propone Corzine, rechazada por 34 de sus 49 legisladores.
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