El 75 por ciento de la superficie argentina muestra signos de degradación o desertificación, problema que podría acelerarse en los próximos años a causa del cambio climático y de la alteración de los ecosistemas, y que ya provocó que el 12 por ciento del territorio patagónico sea considerado "irrecuperable".
Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que califica a la desertificación como un "flagelo de dimensión global", la Argentina "posee el 75 por ciento de su territorio ubicado en áreas áridas o semiáridas, donde se asienta el 30 por ciento de su población".
En este panorama, el territorio patagónico aparece como el más afectado, siendo que el 85 por ciento de su superficie total tiene "algún grado de desertificación", en tanto el 12 por ciento presenta "condiciones irreversibles".
También coincide con este diagnóstico la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), empresa del Gobierno Federal alemán cuyo objetivo es la cooperación para lograr el desarrollo sostenible, conocida como "Cooperación Técnica Argentino-Alemana".
De acuerdo con la GTZ, la evolución de la desertificación es "particularmente grave" en la Patagonia, el Chaco y el Noroeste del país, porque las "zonas secas" son las más pobres del territorio nacional.
Sin embargo, también se ven afectadas por este problema otras provincias como Mendoza, donde se considera a la desertificación "uno de los problemas ambientales más graves" que debe afrontar la administración local, dado que el 72 por ciento de su territorio presenta "un alto o muy alto riesgo".
"A la fragilidad natural que tiene el territorio por ser árido se le suman los impactos por la actividad del hombre y el mal manejo de los recursos. La conjunción de esas dos cosas provoca la desertificación. El cien por ciento de Mendoza está en riesgo", señaló a la prensa la directora del Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial (LaDyOT), Elena Abraham.
En esa línea, la GTZ destacó que las principales causas de la desertificación se relacionan con la tala masiva de los bosques naturales, el sobre pastoreo o la quema de la vegetación de las estepas y el empleo de técnicas inadecuadas de labranza y riego.
Además, en el INTA admitieron: "Somos concientes de que la desertificación y la sequía afectan el desarrollo sostenible por la relación que guardan con importantes problemas sociales, tales como la pobreza, la seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración".
Según el organismo gubernamental, en las zonas secas los ingresos per cápita son inferiores a la media nacional y los hogares rurales con Necesidades Básicas Insatisfechas superan el 40 por ciento.
El INTA subrayó que el 60 por ciento de las divisas que ingresan al país son fruto de exportaciones agropecuarias, "lo cual lo hace vulnerable de no existir una adecuada política de conservación, prevención y recuperación de sus recursos naturales".
"Una deuda, que nosotros estamos resueltos a cumplimentar, es la sanción de la ley de Presupuestos mínimos en Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación, que nos permita armonizar en las distintas jurisdicciones normas e instituciones comunes para una eficaz lucha contra la Desertificación", informó el Instituto.
Esa ley -entre otras medidas- fue reclamada una semana atrás al Gobierno por trece organizaciones ambientalistas, entre las que se destacan Fundación Vida Silvestre y Greenpeace, con motivo de celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente.
Justamente, el tema elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conmemorar la fecha fue "Desiertos y Desertificación", con el objetivo de destacar la importancia de proteger a las tierras áridas que cubren más del 40 por ciento del planeta.